La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó el archivo decretado previamente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y dispuso que se realice una nueva indagación con mayor profundidad sobre la supuesta filtración de un proyecto de fallo.
La resolución se hizo pública el 7 de octubre, dando la razón al actual titular del Ministerio del Interior, Armando Benedetti, que denunció hechos irregulares relacionados con la divulgación a medios de comunicación de una decisión judicial que contemplaba su captura.
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El expediente se originó el 24 de enero de 2024 a raíz de una queja presentada por Benedetti, que atribuye la filtración a funcionarios de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Señaló concretamente el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez como posible origen de la fuga del documento. A criterio de la Comisión Nacional, el caso debe ser revisado con “mayor exhaustividad para establecer la participación de servidores judiciales en la revelación de información reservada”.
Los hechos que motivaron la reapertura del caso
De acuerdo con la documentación del proceso, la investigación refiere a un borrador de fallo radicado en la Corte Suprema el 2 de junio de 2022. Este proyecto proponía una medida de aseguramiento que incluía la captura de Benedetti por cargos ligados a enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante su periodo como congresista.
Dicho documento habría llegado a manos de la prensa en noviembre de 2023, pese a que el expediente gozaba de reserva legal, según la normativa colombiana.
La decisión inicial de archivar la investigación se tomó el 25 de febrero de 2025, sin encontrar entonces pruebas suficientes para continuar el proceso contra los funcionarios judiciales señalados. Ante la apelación y la insistencia de la parte denunciante, la Comisión Nacional impuso la necesidad de profundizar el esclarecimiento de los hechos.
“La investigación debe determinar si funcionarios judiciales participaron en la filtración del proyecto de decisión reservado”, consignó la Comisión en el auto de reapertura.
Acusaciones y pruebas contra Benedetti en el expediente de la Corte Suprema
El proceso disciplinario tiene como antecedente una investigación penal que examina el origen de $2.971 millones detectados en el patrimonio de Benedetti sin respaldo contable.
Entre las pruebas recopiladas por el despacho de Cristina Lombana Velásquez figura un préstamo realizado por una persona fallecida, transacciones con su excuñado Carlos Alberto Dada Hijo y la compra de un inmueble previamente incautado por las autoridades.
La relación profesional y personal entre Benedetti y su excuñado fue motivo de escrutinio judicial. Carlos Dada Hijo -que fue noticia al viajar en el jet privado del ahora ministro junto a la exniñera Marelbys Meza- figura en informes como prestamista y socio en operaciones financieras bajo sospecha.
El préstamo reportado por Dada no cuenta con registros ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y que el propio Dada no poseía fondos para sustentar la transacción.
El expediente judicial incluye la ausencia de desembolsos o pagos vinculados a esa supuesta deuda. Asimismo, se documentaron movimientos de dinero en efectivo dirigidos a tarjetas de crédito y consumos personales.
Adicionalmente, se detectaron transferencias internacionales por 465.000 dólares hechas por Elsy Pinzón, que se desempeñaba como asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti entre 2010 y 2017.
La defensa del ministro Armando Benedetti rechazó las acusaciones relativas a enriquecimiento ilícito o lavado de activos y sostiene que los fondos y operaciones cuestionadas tienen un origen lícito.
Hasta el momento, no se ha expedido una orden de captura efectiva, ya que el fallo propuesto fue retirado antes de que la Sala de Decisión lo resolviera.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se centrará ahora en determinar si existió una violación a la confidencialidad por parte de empleados judiciales y, de confirmarse, cuáles serían las consecuencias administrativas y penales para los responsables.
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