La Sala 22 Especial de Decisión del Consejo de Estado resolvió archivar la demanda de pérdida de investidura que cursaba contra el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, tras determinar que la acción se extinguió por razones jurídicas relacionadas con su asesinato.
Esto quiere decir que el órgano competente dio por finalizado el proceso abierto tras la denuncia presentada por Carlos Alberto Sánchez Grass contra el entonces congresista, quien fue acusado de proselitismo político durante el ejercicio de sus funciones.
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La decisión fue adoptada mediante un documento de cuatro páginas firmado por el presidente de la corporación, Luis Alberto Álvarez Parra, junto con otros cuatro magistrados.
En la resolución, el alto tribunal declaró “la extinción de la acción de pérdida de investidura adelantada en contra del señor Miguel Uribe Turbay, y en consecuencia, la terminación del proceso”.
Según explicó Semana, los magistrados señalaron que la legislación vigente no contempla expresamente causales de extinción para este tipo de procesos, ni regula qué ocurre cuando el congresista demandado fallece durante el trámite.
El Consejo de Estado revisó otras normas, como el Código de Procedimiento Administrativo y el Código General del Proceso, y precisó que “en esas disposiciones tampoco existe, como forma de terminación anormal del proceso, la muerte”.
No obstante, la Sala recordó que tanto el Código Penal como el Código General Disciplinario sí reconocen la extinción del proceso cuando el disciplinado muere.
“Es menester adentrarse en la naturaleza de la acción de pérdida de investidura, para señalar que, dado su carácter sancionatorio y personal, pues hace parte del ius puniendi del Estado; al haber fallecido el congresista acusado, el proceso no puede continuar”, indicó el fallo.
La decisión pone punto final al proceso que había promovido el líder sindical Carlos Alberto Sánchez Grass, quien interpuso la demanda días después de que Miguel Uribe fuera víctima del atentado que posteriormente le costó la vida.
El Consejo de Estado concluyó que, debido al carácter personal de la sanción, no es posible continuar el trámite tras la muerte del investigado. De esta forma, el proceso quedó cerrado oficialmente.
La resolución también recordó que la acción se extinguió una vez confirmada la muerte del exsenador, ocurrida dos meses después de sufrir un ataque con arma de fuego durante una intervención política en el parque El Golfito, de Modelia en la localidad de Fontibón (Bogotá), el 7 de junio de 2025, hecho que conmocionó al país.
Por dicho atentado, Uribe Turbay perdió la vida el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe, donde llevaba más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos.
Su muerte causó gran indignación en el país, muchos senadores y personajes de la farándula rechazaron su asesinato. Por otro lado, su padre, Miguel Uribe Londoño decidió seguir su legado y lanzarse como precandidato a la presidencia de Colombia en memoria de su hijo.
¿Qué decía la demanda en contra del exsenador Miguel Uribe Turbay?
“El senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1º de la Constitución Política por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta del senado de la República de Colombia”, se puede leer en la petición.
La parte demandante aseveró que existen las pruebas de que el representante del Centro Democrático supuestamente se “aprovechó” de su cargo para impulsar su precandidatura presidencial.
“Consistieron en la participación en reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta”, y se hizo claridad en que hay “fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados que demuestran de manera indubitable que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral”, se apreciaba en la demanda.
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