
Con un preocupante mensaje en sus redes sociales, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano informó a las autoridades y a la opinión pública sobre recientes amenazas de muerte contra él y su familia, luego de recibir un sufragio en el que se menciona a su padre, el exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, una de las más de 21.000 víctimas del flagelo del secuestro cometido por las extintas Farc.
“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones”, afirmó el precandidato Lizcano, que no ocultó su frustración frente a un suceso que buscaría intimidarlo y sacarlo de la contienda política.
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Es por ello que le pidió a las autoridades competentes que le den plenas garantías a él y a su familia. “¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, agregó el excongresista y exministro, que viene de hacer parte del gabinete del hoy presidente, Gustavo Petro, pero que dio un paso al costado para poner en consideración de los colombianos su nombre, en la contienda de mayo de 2026.

Preocupación por seguridad de precandidatos presidenciales
La denuncia de Lizcano se conoció un día después de que el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, en entrevista con Infobae Colombia, confirmó su renuncia a su candidatura, alegando motivos de seguridad: pues su esquema se redujo entre un 70% y 80%, en relación con el que contó cuando ejerció el cargo, y teniendo en cuenta que sobre él hay amenazas en su contra debido a su trabajo en el ente acusador.
“Mi condición de precandidato como exfiscal General difiere de otras personas que están en esa carrera electoral. Requería seguridad y no se me dio. Y por supuesto que en esas condiciones no hubo garantías para mí. Esto adicionalmente a la idea de que hay que ser sensatos y, ante estas circunstancias, buscar es unirse con aquellos que tengan una viabilidad y puedan adelantar una campaña electoral de forma libre", afirmó.
Y a casi dos meses de que se registrara el deceso del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay: que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025, cuando adelantaba un acto proselitista en el parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, pero falleció el 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe. Pese a la gravedad del suceso, que es considerado un magnicidio, el espectro político sigue altamente polarizado.

¿Quién es Óscar Tulio Lizcano?
El padre del precandidato presidencial es un político de 78 años, que durante su ejercicio legislativo fue miembro de la Cámara de Representantes: cuerpo legislativo en el que se destacó por su trabajo en temas sociales y económicos para su región. Su carrera política se desarrolló principalmente bajo el Partido Conservador y logró reconocimiento entre sus colegas y la opinión pública; más allá de algunas controversias.
Sin embargo, el 5 de agosto de 2000, Lizcano fue secuestrado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Riosucio (Caldas), de donde es oriundo. El rapto ocurrió mientras desarrollaba actividades propias de su labor parlamentaria, en una noticia que conmocionó al país y ocasionó múltiples solicitudes de liberación por parte de su familia y otros organismos internacionales.

Durante su cautiverio, el veterano político permaneció en las selvas del occidente colombiano, constantemente trasladado por sus captores para evitar operaciones militares de rescate. En este periodo sufrió graves problemas de salud, desnutrición y aislamiento, lo que deterioró profundamente su estado físico y emocional. A pesar de las difíciles condiciones, Lizcano mantuvo la esperanza de recuperar su libertad.
La liberación se produjo el 23 de octubre de 2008, cuando Lizcano logró escapar junto a uno de sus carceleros, alias Isaza, que decidió desertar de las Farc y colaborar en la huida. Después de casi nueve años de cautiverio, fue rescatado por el Ejército Nacional en una operación en zona rural del Chocó, en un acontecimiento que representó un golpe la guerrilla y alentó a las familias de otros secuestrados.
Tras su liberación, el político caldense retomó su vida pública con un activismo enfocado en la defensa de las víctimas del secuestro y la promoción de los derechos humanos. De hecho, es público que su testimonio ha fortalecido iniciativas para la atención a personas afectadas por el conflicto armado, pues es recordado como símbolo de resistencia y esperanza frente a la violencia política en el territorio nacional.
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