El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del partido de La U, expresó su apoyo a la posibilidad de convocar una consulta popular para definir el futuro de la reforma a la salud.
En declaraciones recientes, el congresista sostuvo que la propuesta “no es un capricho político, es una necesidad social y ética” y que, en caso de no alcanzarse consensos legislativos, “sea el pueblo el que indique el camino”.
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López argumentó que el sistema de salud colombiano presenta fallas estructurales que justifican un debate nacional. “Tenemos millones de personas esperando ser atendidas y el sistema gasta cerca de 100 billones de pesos al año, sin resultados eficientes”, afirmó. Según explicó, la consulta sería una forma de involucrar directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre un modelo de atención universal y equitativo.
El legislador destacó que, en medio de las divisiones políticas, la participación ciudadana podría destrabar la discusión que ha permanecido estancada en la Comisión Séptima del Senado. Para López, la consulta no solo permitiría definir el futuro del proyecto, sino también enviar un mensaje de legitimidad y corresponsabilidad social frente a un tema de impacto nacional.
El respaldo del presidente de la Cámara coincide con el debate abierto por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la posibilidad de una consulta popular “está sobre la mesa”. El funcionario explicó que esta alternativa no debe interpretarse como una amenaza al Congreso, sino como una vía institucional para superar lo que calificó como un “bloqueo” en el trámite legislativo.
“Primero nos hundieron un proyecto de forma burda, y ahora intentan dilatar la discusión. No es mala idea que la ciudadanía decida”, expresó Benedetti, al referirse a las demoras que ha enfrentado la reforma. El ministro reiteró que la iniciativa no proviene directamente del Gobierno, sino de sectores políticos cercanos al Pacto Histórico que consideran urgente avanzar en la transformación del sistema de salud.
En conversación con Semana, Benedetti recordó que este tipo de mecanismos participativos han sido utilizados en otras ocasiones para destrabar reformas de interés público.
Según dijo, la idea se analiza como una medida excepcional ante la falta de avances en la discusión del articulado. “No se trata de presionar, sino de darle voz a la ciudadanía”, añadió.
A pesar del respaldo político a la propuesta, aún no existe un cronograma definido para su eventual desarrollo. El proceso de convocatoria a una consulta popular requiere cumplir con varios pasos, entre ellos la aprobación del Congreso y el control previo de la Corte Constitucional. En este contexto, la iniciativa se mantiene en una fase exploratoria.
El debate sobre la consulta ha reavivado la tensión entre el Ejecutivo y algunos sectores legislativos que cuestionan la pertinencia de recurrir a este mecanismo. Desde la oposición, varios congresistas advierten que podría interpretarse como un intento de eludir los controles institucionales del Congreso. Sin embargo, López insistió en que su posición busca fortalecer la democracia participativa y no sustituir las funciones del Legislativo.
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