Interno que pidió permiso para salir de la cárcel por 72 horas fue capturado mientras participaba en una balacera

El uso de un permiso carcelario para planear un acto de venganza ha puesto en evidencia la compleja situación de seguridad en Pereira y la influencia de organizaciones criminales en la región.

Un interno, identificado como Alejandro Antonio Uribe Restrepo, condenado a 18 años de prisión por homicidio y recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, fue capturado durante un operativo policial tras una balacera en el sector de La Churria, en la capital de Risaralda.

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La intervención de la Policía Metropolitana de Pereira se desencadenó luego de que una llamada al 123 alertara sobre disparos en la zona.

El despliegue policial permitió la detención de nueve presuntos miembros de la organización criminal La Cordillera, así como la incautación de cinco revólveres, tres pistolas y más de sesenta cartuchos de diferentes calibres.

“En Pereira, nuestra @PoliciaColombia capturó a 9 integrantes de la red sicarial del grupo delincuencial ‘La Cordillera’. Estos criminales sembraban miedo con homicidios selectivos y disputas por control territorial. Hoy responden ante la justicia”, dice una publicación en X de la Policía Metropolitana de Pereira.

Así mismo, la institución agregó: “El operativo dejó como resultado la incautación de: 8 armas de fuego, equipos de comunicación y munición de guerra”.

Entre los capturados se encuentra Uribe Restrepo, que, según el reporte oficial, intentó huir por la terraza de una vivienda antes de ser interceptado por los agentes.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, detalló que los detenidos habían disparado contra una vivienda momentos previos al operativo.

La Policía confirmó que todos los implicados estaban involucrados en actividades delictivas en la zona y, tras su captura, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que procederá con las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

Las primeras indagaciones apuntan a que Uribe Restrepo aprovechó su permiso temporal de 72 horas para planear un nuevo homicidio, presuntamente como parte de una venganza entre bandas delincuenciales.

“Su negocio era el dolor: cobraban las finanzas criminales de la droga y atentaban contra la tranquilidad de familias trabajadoras. Uno de los capturados estaba condenado a 18 años por homicidio y abusaba de un permiso de 72 horas para seguir delinquiendo”, agregó el comunicado de la Policía de Pereira.

De acuerdo con la Policía, el recluso habría declarado que uno de los hombres del sector de La Churria fue responsable del asesinato de su primo, conocido como alias Moneda, lo que lo motivó a ingresar al barrio con la intención de tomar represalias. Las autoridades también vincularon su presencia en el lugar con el homicidio de alias ‘Titi’, ocurrido tres horas antes de la detención.

La organización La Cordillera mantiene una presencia dominante en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira y Dosquebradas. Según alertas de la Defensoría del Pueblo, este grupo ejerce control sobre barrios enteros, recurriendo a la intimidación y la extorsión contra comerciantes y habitantes.

En 2023, la Defensoría advirtió que las acciones de esta estructura armada incrementaron el riesgo para los residentes de la zona metropolitana, lo que llevó a la necesidad de una vigilancia especial por parte de las autoridades locales y del Gobierno nacional.

De forma paralela, la Fiscalía General de la Nación imputó a varios presuntos integrantes de “La Cordillera” por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. El 14 de septiembre de 2025 se reportó la captura de alias Eusebio, considerado uno de los principales cabecillas de la organización. Esta detención se logró mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo aéreo e inteligencia judicial.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: entre enero y agosto de 2025 se registraron 258 homicidios en Risaralda, lo que representa un aumento del 118% respecto a 2024. La mayoría de estos casos se concentran en Pereira y Dosquebradas, en contextos marcados por disputas entre bandas por el control territorial.