El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó una advertencia sobre los riesgos que representa el discurso de odio en la actual campaña electoral colombiana.
Esta declaración, difundida en pleno desarrollo del proceso electoral, pone bajo la lupa la responsabilidad de funcionarios y partidos políticos en un contexto donde la tensión política ha marcado episodios recientes y pasados de la historia del país.
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El mensaje del procurador es un llamado preventivo ante escenarios de confrontación política y social.
Durante su intervención, Eljach hizo énfasis en que Colombia ha enfrentado repetidas crisis de violencia derivadas de diferencias sociales, económicas, políticas e ideológicas.
Estas situaciones, según explicó, siguen latentes y podrían reavivarse si los protagonistas del proceso electoral permiten que los discursos polarizantes tomen protagonismo.
“Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”, expresó Eljach, planteando la necesidad urgente de buscar la “paz electoral” como condición indispensable para garantizar la tranquilidad y legitimidad democrática en el país, por lo que la advertencia surge en el contexto de señales crecientes de polarización.
El procurador dirigió su mensaje no solo al presidente Gustavo Petro Urrego y a su gabinete, sino también a todos los niveles del servicio público, desde altos funcionarios hasta empleados en los rincones apartados del territorio nacional.
Destacó que la neutralidad de los servidores públicos durante el proceso electoral es indispensable, y subrayó que estos deben abstenerse de intervenir indebidamente en actividades políticas.
“El presidente y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, siempre bajo la ley y la Constitución”, manifestó.
La Procuraduría General de la Nación recordó su misión de vigilancia y prevención frente a posibles irregularidades, asegurando que continuará ejerciendo control sobre el comportamiento de los funcionarios en la contienda.
La entidad, bajo la administración de Rodrigo Eljach Pacheco, puso especial atención en la necesidad de campañas pacíficas y constructivas.
Además, el procurador pidió a los líderes políticos y candidatos a que mantengan sus convicciones, pero sin incurrir en discursos que incentiven la violencia o la discriminación.
“Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos”, aseguró Eljach, definiendo este compromiso como la llave para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.
La intervención del procurador ocurre en una coyuntura de alta sensibilidad política, en la que se han denunciado intentos de intervención de órganos estatales en la campaña.
Para Eljach, la salvaguarda de la paz electoral es esencial para que Colombia no repita ciclos de violencia y mantenga la confianza en sus instituciones.
Congresista reveló el plan que Gustavo Petro usaría para salir victorioso en las elecciones de 2026: “Es muy peligroso”
El debate político en Colombia se intensificó en los últimos días luego de que el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, advirtiera sobre el posible uso de la política de Paz Total como estrategia electoral para las elecciones de 2026.
Gómez Amín sostuvo que el proyecto de ley de sometimiento planteado por el Gobierno de Gustavo Petro tiene implicaciones que podrían “influir en los resultados de los próximos comicios”.
El legislador afirmó que la propuesta es “muy peligrosa, porque tiene mucho que ver con las elecciones del 2026: el Gobierno nuevamente quiere hacer pacto con los criminales, con los bandidos, y tenerlos de su lado para las elecciones”.
Esto es un peligro para nuestra democracia”, según sus declaraciones en un diálogo con Semana, donde también agregó que la ley favorecería a integrantes de la Primera Línea, exguerrilleros de las Farc y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la describió como una “ley de sumisión”.
Gómez Amín también manifestó preocupación por el posible debilitamiento del Estado y el impacto negativo en las instituciones de seguridad. Llamó al Congreso a rechazar la iniciativa oficialista, insistiendo que impedir su aprobación enviaría un mensaje contundente al Gobierno.
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