El reciente atentado a bala contra un vehículo oficial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento del Atlántico ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios encargados de proteger bienes incautados a estructuras criminales.
La presidenta de la SAE, Amelíe Pérez Parra, expresó su preocupación en un comunicado oficial recogido por la entidad: “Rechazamos de manera enfática los hechos, ya que se agreden no solo la institucionalidad sino la misión de salvaguardar los activos a favor del pueblo colombiano”, afirmó la funcionaria, quien solicitó a las autoridades “reforzar la seguridad de los funcionarios de SAE, que prestan un servicio público de alto riesgo, protegiendo los bienes que han sido ocupados a estructuras criminales en todo el país”.
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La presidenta de la SAE expresó en el comunicado institucional: “Lamentamos profundamente el atentado ocurrido en la noche del 3 de octubre de 2025 en la vía que conduce de Baranoa a Galapa (Atlántico), donde un vehículo oficial fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaban el director territorial Caribe, Jaime Avendaño Camacho, en compañía de tres funcionarios de la Dirección Territorial”, según dice la misiva.
El informe preliminar de las autoridades, citado por la entidad, detalla que “cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo oficial tipo camioneta, el cual resultó con varios impactos, pero los ocupantes salieron ilesos”, según la información difundida por la SAE.
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Tras el ataque, la Policía acudió al lugar para iniciar las investigaciones y la búsqueda de los responsables materiales e intelectuales del atentado.
La posición de la SAE frente a este tipo de amenazas es de firmeza y continuidad en su labor. “La SAE y sus funcionarios continuarán cumpliendo con el deber de proteger los bienes de los colombianos y rechazan cualquier intento de intimidación”, concluyó Amelíe Pérez Parra en el comunicado institucional.
La investigación inicial apunta a que el atentado tenía como objetivo directo a Avendaño Camacho. De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, el hecho se registró pasadas las 11:00 p. m. del 3 de octubre, en el momento en que los funcionarios terminaban una diligencia en zona rural de Galapa.
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El propio Avendaño relató a las autoridades que, tras realizar la búsqueda de unas coordenadas de una bodega bajo custodia de la entidad, “cerca de una trocha aparecen dos motocicletas con tres personas de sexo masculino, quienes disparan contra el vehículo donde se movilizaban (los funcionarios). Posteriormente emprende la huida, las víctimas se desplazan en el vehículo impactado hacia la estación de Policía de Galapa”, según consta en el informe policial citado por el medio citado.
Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con la labor de la SAE en la recuperación de bienes vinculados al narcotráfico.
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El propio Avendaño Camacho manifestó que había recibido amenazas de alias La Mica, identificado como Félix Antonio Chitiva Carrasquilla, que fue extraditado y a quien se le incautaron bienes.
Según los registros policiales, “La Mica” fue detenido en 2001 y señalado como uno de los mayores proveedores de droga hacia Estados Unidos, además de mantener vínculos con los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”, figuras centrales en el narcotráfico de la región Caribe.
En este contexto, la SAE había anunciado recientemente la recuperación de la Isla Gigi, ubicada en las Islas del Rosario, Cartagena, un inmueble que permaneció más de veinte años en abandono administrativo por haber sido registrado bajo el nombre equivocado de Isla Kalúa.
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Sobre este operativo, Jaime Avendaño explicó a El Heraldo: “Durante años este bien permaneció oculto bajo otra denominación, lo que impidió su correcta gestión. Hoy la SAE, en ejercicio de sus competencias, lo recupera y reafirma su compromiso de quitarles poder a las mafias para devolvérselo al pueblo colombiano”.
La entidad subrayó que con esta acción se garantiza que la isla, antes usufructuada ilegalmente, pase a ser administrada legítimamente por el Estado.
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