,,La capital del país volvió a ser escenario de tensión esta semana. Lo que comenzó como una manifestación en solidaridad con la población de Gaza terminó derivando en violentos disturbios que afectaron varias zonas de Bogotá y obligaron a la intervención de la fuerza pública.
Los hechos dejaron daños en infraestructura pública y privada. Una de las instituciones más golpeadas fue la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cuya sede sufrió el impacto de objetos lanzados por un grupo de encapuchados. También se reportaron ataques contra instalaciones de la Policía Nacional y contra comercios ubicados en el norte de la ciudad.
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El ataque a la sede de la Andi motivó pronunciamientos inmediatos. La Cámara de Comercio de Bogotá, en un comunicado oficial, expresó su rechazo a los hechos.
“Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, elevamos una voz que aboga por el respeto a la vida, reiterando un llamado al cese de los diferentes conflictos que hoy tienen lugar en el mundo, abogando por escenarios de diálogo que permitan poner fin a los diferendos que hoy trascienden las divergencias políticas y que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos”, señaló la entidad.
El pronunciamiento también buscó despejar dudas sobre el rol de la Andi en medio de las protestas. La Cámara de Comercio insistió en que las actividades de la organización empresarial son estrictamente económicas y no responden a agendas políticas.
“De igual modo, nos unimos a llamados como el expresado la noche anterior por la ANDI, en el que lamentan la existencia de actos de estigmatización en contra de su institución, que asocian su labor —en favor del fortalecimiento del tejido empresarial y de las buenas relaciones comerciales— con filiaciones ideológicas, lo cual busca deslegitimar su accionar”, puntualizó el comunicado.
La respuesta institucional pretende frenar la narrativa que vincula a la Andi con intereses ajenos a su naturaleza, en un momento en que la crispación social eleva el riesgo de que surjan discursos que profundicen la polarización. Para los gremios, proteger la confianza ciudadana en sus labores es clave para mantener la estabilidad económica y social.
Autoridades, en alerta
Los disturbios se suman a una serie de movilizaciones que, en los últimos días, se hicieron frecuentes en Bogotá. La situación encendió las alarmas de la administración distrital, que pidió respeto por la ciudad y sus habitantes.
El alcalde Carlos Fernando Galán utilizó su cuenta de X para fijar postura: “Rechazamos el intento de unos pocos encapuchados por imponer el caos y el miedo en Bogotá. Hoy, le pedimos a la Fuerza Pública, una vez agotado el diálogo, restablecer el orden, y lo haremos siempre que sea necesario. El país merece que el presidente se pronuncie con claridad sobre los hechos de vandalismo y destrucción”, escribió.
Un debate que sigue abierto
Aunque las marchas surgieron como expresión política frente al conflicto en Gaza, las derivaciones locales —vandalismo, daños y estigmatización de entidades empresariales— ampliaron el debate. Para algunos sectores, lo ocurrido refleja la urgencia de establecer protocolos más claros de protesta pacífica que protejan tanto la libertad de expresión como la seguridad de la ciudad.
Por ahora, la fuerza pública mantiene una presencia reforzada en puntos estratégicos, mientras organizaciones como la Andi y la Cámara de Comercio insisten en que la violencia no puede ser la forma de tramitar las diferencias.
Voces académicas y sociales también plantean que el país necesita fortalecer la educación cívica, promover el diálogo ciudadano y garantizar espacios seguros de manifestación que permitan canalizar las inconformidades sin afectar derechos colectivos ni deteriorar la confianza en las instituciones.
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