El mensaje de Jamerson Guachetá, soldado profesional del Ejército colombiano secuestrado por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los uniformados y la efectividad de la política de paz total impulsada por el Gobierno.
En una prueba de supervivencia divulgada el 2 de octubre, Guachetá denunció sentirse abandonado por las autoridades y pidió ayuda a su familia para gestionar su liberación, según informó Semana.
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El secuestro de Guachetá se conoció el 25 de julio, cuando el Ejército reportó que el militar, en periodo de descanso, se dirigía de madrugada hacia su unidad en un vehículo tipo chiva.
En el sector El Dinde, sujetos armados lo obligaron a descender y se lo llevaron por la fuerza.
Desde entonces, la institución activó los protocolos de búsqueda en coordinación con el Gaula Militar Cauca, la Policía Nacional y otras autoridades, con el objetivo de lograr su regreso con vida y en buen estado de salud.
En el video difundido, Guachetá expresó: “Hago un llamado al gobierno nacional y al Ministerio de Defensa por el abandono, ya que no se ha visto ningún esfuerzo de poder llegar a algún acuerdo o de que haya garantía de seguridad para mi liberación. Por eso le pido a mi familia que todo depende de ellos para que puedan gestionar para mi liberación, ya que por parte del gobierno se me ha dejado abandonado”.
El soldado también aseguró que, hasta el momento, sus derechos como prisionero de guerra han sido respetados, pero insistió en la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.
La crítica de Guachetá se dirigió directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quienes responsabilizó por la ausencia de gestiones para su liberación.
El mensaje, recogido por Semana, ha generado presión sobre el Gobierno y ha puesto en evidencia las dificultades para proteger a los miembros de la fuerza pública en zonas de conflicto.
En respuesta a la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció recientemente que cinco uniformados permanecen secuestrados: tres miembros del Ejército Nacional y dos integrantes de la Policía Nacional. Sánchez reveló que, según información oficial, varios de estos secuestrados estarían en Venezuela bajo control del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“De dos soldados en el Catatumbo, tenemos información de que estarían en Venezuela, secuestrados por el cartel del ELN; dos policías, en Arauca, que también fueron movidos a Venezuela, también secuestrados por el cartel del ELN, y un soldado en el Cauca, cuyo perpetrador fueron las disidencias criminales de alias Mordisco”, detalló el ministro en declaraciones.
El caso de Guachetá no es aislado. Actualmente, según datos de Semana, permanecen secuestrados dos policías, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y cuatro militares.
Las disidencias de las Farc y el ELN son los principales responsables de estos secuestros, que se han registrado en regiones como Catatumbo, Arauca y el propio Cauca. La persistencia de estos hechos evidencia la vulnerabilidad de los uniformados y la complejidad del escenario de seguridad en el país.
La política de paz total promovida por el Gobierno nacional ha sido objeto de cuestionamientos a raíz de estos secuestros. Las denuncias de abandono por parte de los propios afectados, como Guachetá, y la falta de resultados concretos en la protección y liberación de miembros de la fuerza pública han puesto en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes cumplen funciones en zonas de alto riesgo.
En este contexto, la promesa de paz enfrenta el reto de demostrar que la vida y la integridad de los uniformados no quedan a merced de los grupos armados, mientras la sociedad y las familias de los secuestrados esperan respuestas y acciones efectivas de las autoridades, como ha subrayado Semana en su cobertura.
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