La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exmagistrada Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, como presunta responsable de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo y peculado por apropiación en concurso homogéneo.
El ente acusador determinó que, durante su gestión en ese alto tribunal, Jiménez Méndez ordenó el pago de 3.217 millones de pesos a empleados de Ecopetrol que, según la investigación, no cumplían con los requisitos para recibir tales beneficios salariales.
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De acuerdo con la Fiscalía, entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, la entonces magistrada emitió ocho fallos de tutela en los que, de acuerdo con los elementos probatorios recabados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reconoció de manera indebida factores salariales a 407 trabajadores de la estatal petrolera.
Estas decisiones judiciales obligaron a Ecopetrol a desembolsar la millonaria suma a empleados que, según la acusación, no reunían las condiciones necesarias para acceder a reajustes y pagos complementarios derivados de su relación laboral.
La investigación sostiene que las resoluciones de tutela dictadas por Jiménez Méndez desconocieron los principios de inmediatez, subsidiariedad y cosa juzgada que rigen las acciones constitucionales.
Además, los fallos pasaron por alto los pronunciamientos previos de los jueces de primera instancia, que habían negado el amparo solicitado por los trabajadores de Ecopetrol en atención a una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2004.
Dejan en firme condena a exmagistrado que se dejó sobornar de un exparamilitar
En abril de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia desestimó una solicitud de libertad condicional presentada el 19 de octubre de 2024 por el exmagistrado del Tribunal de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos Roso.
Esa decisión se sumó a la condena de 8 años y 4 meses de prisión que pesa sobre Castellanos Roso por su responsabilidad en un esquema de corrupción que incluyó cohecho propio y soborno en actuación penal.
La sentencia, ratificada en su totalidad por la Corte, estableció que Castellanos Roso intervino de manera ilícita en el proceso judicial de Miguel Ángel Mejía Múnera, conocido como El Mellizo, ex jefe paramilitar.
Según los documentos del caso, el exmagistrado aceptó sobornos por un total de 50.000 dólares entre 2013 y 2016, entregados por el abogado defensor de Mejía Múnera, Marco Tulio Quintero Cano. A cambio, Castellanos Roso favoreció los intereses del exjefe paramilitar en el marco del programa de Justicia y Paz, orientado a la reintegración de excombatientes bajo condiciones legales específicas.
El fallo de la Corte Suprema, emitido en enero de 2023, subraya que el exmagistrado no solo dilató el proceso de exclusión de Mejía Múnera del programa, sino que también filtró información confidencial relacionada con el caso.
Las pruebas presentadas incluyeron mensajes de texto y grabaciones de encuentros en distintas ciudades del país, que evidenciaron la conducta ilícita de Castellanos Roso. El tribunal señaló que el exmagistrado “priorizó y privilegió intereses particulares del postulado, poniéndole precio a la loable misión de administrar justicia”, según consta en la sentencia.
La defensa de Castellanos Roso argumentó que el exmagistrado había cumplido las tres quintas partes de su condena, lo que le otorgaba el derecho a solicitar la libertad condicional. No obstante, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, encargado de leer el fallo, destacó que la naturaleza de los delitos exigía un tratamiento más estricto de la pena, con el objetivo de garantizar la rehabilitación del condenado y mantener la integridad del sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia dispuso el cumplimiento íntegro de la sentencia, conforme a la normativa vigente, y ordenó que se informara a las partes e intervinientes que contra esta determinación no proceden recursos
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