El corredor que conecta a Pasto con Buenaventura, vital para la salida del café colombiano hacia los mercados internacionales, atraviesa un momento crítico. Transportadores y empresarios advierten que los robos en esta vía no solo generan millonarias pérdidas, también ponen en jaque la seguridad de conductores que se arriesgan a diario en medio de la creciente violencia en el suroccidente.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) elevó un llamado urgente al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército. El gremio pide que se desplieguen medidas concretas y rápidas para enfrentar los asaltos que, en menos de un año, han dejado cifras alarmantes, 18 hurtos consumados, dos intentos frustrados y un saqueo. Todo ello representa, según sus cálculos, pérdidas por más de $6.300 millones.
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El punto más crítico está identificado. Se trata de la Vía La Fonda, en el Patía caucano, donde los delincuentes interceptan los vehículos de carga, obligan a desviarlos y luego trasladan la mercancía a Sajandí, también en Cauca, para descargarla de manera ilegal. Las autoridades señalan a la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc, como la responsable de la mayoría de estos hechos.
Más allá del dinero, lo que está en juego es la estabilidad de una de las cadenas más estratégicas para el país. De acuerdo con Fedetranscarga, cada día circulan por esta ruta más de 3.100 sacos de café, un producto que sostiene buena parte de las exportaciones nacionales. La sola idea de que los transportadores dejen de prestar el servicio en estas condiciones de inseguridad preocupa al gremio. No es solo la carga o el vehículo lo que se arriesga en cada trayecto, es también la vida de los conductores.
La federación advirtió que la negativa de algunos transportadores a continuar operando en la zona puede tener efectos en cadena. Si la movilización de café se frena, se resentirá la logística exportadora y con ella los ingresos de productores, exportadores y comunidades que dependen de esta actividad. “La situación requiere atención inmediata para evitar que continúe afectando la operación logística y la economía vinculada a este sector”, insistió la agremiación.
Por eso, la propuesta central es incrementar de forma urgente el pie de fuerza de Policía y Ejército en la región. La intención es no solo garantizar la movilidad de la carga, sino blindar la cadena productiva frente a grupos armados que, de acuerdo con la información oficial, convirtieron este corredor en escenario de extorsión y saqueo.
El café colombiano, símbolo de identidad nacional y motor de divisas, se ve así atravesado por una crisis que no se origina en los campos ni en los mercados internacionales, sino en las carreteras que deberían llevarlo seguro hasta el puerto. Cada ataque a un camión no es solo un golpe a los empresarios del transporte, también es un obstáculo para el desarrollo regional y una amenaza latente para la competitividad del país.
Impacto social y económico
La crisis de seguridad en la ruta Pasto–Buenaventura trasciende el ámbito del transporte y se convierte en un asunto de interés nacional por su impacto social y económico. Este corredor no es una vía cualquiera, es el paso obligado de miles de sacos de café que, a diario, sostienen el prestigio exportador de Colombia. Cada retén ilegal, cada robo y cada amenaza a los conductores erosiona no solo las finanzas del sector, también la confianza en la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
En lo económico, la afectación es doble. Por un lado, las pérdidas directas ya superan los $6.300 millones, una cifra que golpea la competitividad del transporte de carga y encarece los costos logísticos. Por otro, está el riesgo de un efecto dominó sobre toda la cadena productiva cafetera. Si los transportadores se niegan a cubrir la ruta por miedo, los productores verán limitada la salida de su mercancía, los exportadores enfrentarán retrasos y el país perderá credibilidad en los mercados internacionales.
También hay un ángulo social que no puede pasar desapercibido. Los conductores, en muchos casos jefes de hogar, trabajan bajo la amenaza constante de ser víctimas de la violencia. Su vida está en riesgo cada vez que cruzan por el Patía caucano, lo que genera miedo, estrés y desmotivación. Esta vulnerabilidad laboral se convierte en un reflejo de las brechas estructurales que persisten en regiones donde el Estado aún no logra consolidar su presencia.
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