El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, hacia el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabilizó de complicidad en posibles crímenes internacionales.
En sus declaraciones, Petro afirmó: “Ni en territorio de los Estados Unidos ni en ningún otro. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer”.
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Estas afirmaciones generaron una reacción inmediata en el escenario político colombiano.
Tras lo anterior, desde el ámbito nacional, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila respondió de forma categórica a las palabras del mandatario.
A través de su cuenta en X, Dávila acusó a Petro de buscar “acabar con los negocios, las empresas y los empleos colombianos. Está suplicando sanciones. Un bárbaro, un irresponsable”.
En otro mensaje en X, Dávila acusó al mandatario de intentar destruir las relaciones bilaterales con Estados Unidos y perjudicar exportaciones, empresas y empleos.
En el trino, la comunicadora afirmó: “Él quiere destruir las relaciones entre los dos países y destruir exportaciones, negocios, empresas y empleos. Quiere caos. Nos haría mucho bien que se fuera a combatir a Gaza y se quedara por allá”.
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Esta declaración refuerza la tensión política, mientras sectores empresariales y políticos analizan las implicancias de las posturas del jefe de Estado frente a Washington.
¿Qué fue lo que dijo Petro sobre Donald Trump?: esta fue la petición que hizo en el Consejo de Ministros
Gustavo Petro sumó tensión a la compleja relación bilateral con Estados Unidos al exigir de manera pública que Donald Trump, actual mandatario estadounidense, enfrente la cárcel por supuesta complicidad en el conflicto de Gaza, intervención que se produjo durante el Consejo de Ministros celebrado el 29 de septiembre de 2025.
La postura de Petro se fundamentó en el Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), argumentos que expuso durante los primeros minutos de su intervención.
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En sus declaraciones, Petro sostuvo que “si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, no merece más sino la cárcel y su ejército no debe”, explicitando su vinculación directa entre la política exterior estadounidense, específicamente el respaldo al gobierno de Israel, y el sufrimiento de la población palestina en Gaza.
La afirmación encendió un intenso debate en redes sociales, donde sectores opositores cuestionaron la legitimidad y el alcance del señalamiento realizado por el líder colombiano.
La respuesta de Petro se produjo luego de la cancelación de su visa estadounidense.
El jefe de Estado reiteró que no existe ilegitimidad en exigir la aplicación rigurosa de las consecuencias estipuladas en el Estatuto de Roma, documento suscrito por Colombia bajo gobiernos previos, y que establece la competencia de la Corte para juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, desde 2010, el crimen de agresión
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Durante su intervención, Petro también aludió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al afirmar la necesidad de capturar a quienes puedan ser responsables de crímenes de guerra, e insistió en preguntar por qué esa captura no se ejecuta en el caso de Trump. “En eso Trump es cómplice”, declaró.
El presidente añadió críticas a la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, señalando la pérdida de apoyo juvenil hacia los demócratas y relacionándola con la postura oficial respecto a la guerra en Gaza.
Según cifras presentadas en el discurso de Petro, “20 millones de jóvenes dejaron de votar, desilusionados, porque su Gobierno apoyaba la masacre en Gaza”.
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El mandatario extendió su análisis a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional, advirtiendo sobre el predominio de intereses económicos sobre los derechos humanos.
Además, recordó el esfuerzo de la justicia nacional por juzgar los denominados “falsos positivos” en Colombia y defendió la necesidad de mantener el compromiso con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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