La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) cuestionó de manera enfática la decisión del Gobierno Petro de otorgar prioridad de abastecimiento de gas a las plantas térmicas por encima de la demanda industrial, una medida que, según la organización, carece de sustento regulatorio, económico y social. La advertencia surge, de acuerdo con la directora ejecutiva de la entidad, Sandra Fonseca, con que no existen condiciones que justifiquen un racionamiento de gas ni la activación de mecanismos extraordinarios en el sector energético.
El pronunciamiento de Asoenergía responde a las recientes decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que generaron inquietud entre los grandes consumidores industriales. Fonseca señaló que la preocupación radica en que la medida prioriza el suministro a plantas térmicas, a pesar de que la demanda industrial cuenta con contratos firmes que respaldan su abastecimiento.
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La dirigente gremial resaltó que la situación actual no presenta elementos críticos en el sistema hidroeléctrico, ni se registró la ocurrencia del fenómeno de El Niño, ni existe un déficit en los embalses. Por tanto, sostiene que “no existirían las condiciones para activar la aplicación de exigencia de las de obligaciones de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad”.
El debate se intensificó a raíz de un mantenimiento programado en una regasificadora que, según la directora de Asoenergía, atiende principalmente a generadores privados.
Falta de recursos energéticos o catástrofe natural
Fonseca explicó que este tipo de mantenimiento, al ser previsible y anunciado con antelación, no puede considerarse una situación no transitoria ni justificar la figura de racionamiento programado de gas natural. La figura, según la definición oficial, corresponde a un déficit de duración indeterminada originado en una limitación técnica identificada, como la falta de recursos energéticos o una catástrofe natural, que impida atender la demanda.
“Un mantenimiento programado de una regasificadora que atiende mayoritariamente a unos generadores privados, plenamente previsible, anunciado con antelación, no puede considerarse como una situación no transitoria ni, en consecuencia, dar lugar a la figura de racionamiento programado de gas natural”, dijo exactamente la dirigente.
Además, puso en tela de juicio la gestión del Comité Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) al afirmar que si este organismo no logró identificar de forma adecuada las necesidades del mercado ni la declinación natural de los recursos, se evidencia una gestión deficiente en el balance nacional de gas natural. Por eso, advirtió que “es claro que se carece de las herramientas necesarias para proyectar resultados confiables, lo que incrementa la incertidumbre para los usuarios”.
Costos de racionamiento
Uno de los argumentos centrales de Asoenergía se apoya en el análisis de los costos de racionamiento. Según datos del documento UPME-Ampliación a la Información dada en el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028, los costos de racionamiento para el sector industrial en el área Caribe superan a los del sector termoeléctrico.
Por esta razón, la organización considera que, al menos en esta región, las industrias no deberían verse afectadas por un eventual racionamiento programado de gas natural.
La postura de Asoenergía también contempla el impacto económico de la medida. La entidad advirtió que, si se mantiene la decisión de priorizar el suministro a las plantas térmicas y se traslada el costo de las obligaciones de energía firme (OEF) a los usuarios de gas, se debería definir una compensación económica tanto a corto como a largo plazo para los afectados.
No hay una situación crítica
Al respecto, insistió en que, hasta el momento, “aún no se declara el racionamiento de gas, y es evidente que actualmente no se presenta una situación crítica de orden hidrológico, ni la ocurrencia del fenómeno de El Niño, ni un déficit en los embalses”.
Por último, la organización hizo un llamado al Gobierno para que busque una solución integral que permita optimizar los volúmenes importados de gas a largo plazo y con el mejor precio posible. Asoenergía ha advertido que excluir a la llamada demanda no esencial, es decir, al sector productivo de la economía, no contribuye a alcanzar este objetivo.
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