La infiltración de Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien se hizo pasar como capitana de la Policía bajo el alias de Stefany Salgado, ha destapado uno de los mayores escándalos de seguridad en torno al presidente Gustavo Petro.
Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer logró asistir a por lo menos 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de 2025, accediendo a información sensible relacionada con la seguridad del mandatario, operativos militares y acciones contra estructuras criminales.
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¿Cómo lo hizo?
De acuerdo con las investigaciones, Salgado Fernández firmaba actas de asistencia en encuentros militares utilizando una identidad falsa. Para dar credibilidad a su fachada, portaba un arma traumática, lo que reforzaba la apariencia de ser una oficial activa de inteligencia. Esta estrategia le permitió infiltrarse en espacios de alto nivel donde se discutían operativos contra el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de armas.
La investigación determinó que la mujer contó con el apoyo de dos militares en servicio activo: el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. Ambos la presentaron como integrante del Batallón de Fuerzas Urbanas n.º 5 (Bafur 5), lo que le abrió las puertas a reuniones interinstitucionales en las que participaron el Gaula, la Policía Militar, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.
Acceso a información sensible
Las pruebas revelan que la falsa capitana ingresó en varias oportunidades al Batallón Guardia Presidencial, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá, donde incluso se registró su entrada en video y fotografías. En total, logró entrar 29 veces a esta unidad militar, con vehículos identificados por placas específicas.
Además, se constató que participó en allanamientos y operativos en Bogotá, donde en ocasiones grababa los procedimientos e incluso a periodistas que cubrían las diligencias. Según la DIJIN e Interpol, Salgado Fernández entregaba información sobre expendios de droga, supuestamente gracias a contactos con redes criminales, entre ellas ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos que rondaban los 50 millones de pesos diarios.
La denuncia y la caída de la fachada
Aunque la infiltración se conoció públicamente en 2025, la denuncia anónima sobre la falsa oficial se había presentado un año antes. La alerta permitió que la Fiscalía y el Ejército iniciaran una investigación conjunta que culminó en la captura de Salgado, Jiménez y Padilla.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 31 de marzo de 2025, cuando la mujer organizó un polígono en el Cantón Norte, invitando a militares y hasta familiares a disparar armas de fuego, con el objetivo de fortalecer su supuesta legitimidad y confianza dentro de las Fuerzas Militares.
Reacciones del presidente y la justicia
Tras revelarse los detalles, Gustavo Petro reaccionó con dureza. A través de redes sociales afirmó: “Siempre me han vigilado. Las personas que están para cuidarme terminan vigilándome. Que la justicia saque estas cadenas clandestinas de conspiración aliadas a las mafias”.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los uniformados involucrados, mientras la Fiscalía imputó cargos a los tres capturados, solicitando medida de aseguramiento privativa de la libertad por representar un peligro para la sociedad.
¿Un riesgo para la seguridad nacional?
Las autoridades consideran que esta infiltración no solo comprometió la seguridad presidencial, sino que también pudo poner en jaque la seguridad nacional, al haberse compartido información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto. Documentos con estas clasificaciones, firmados por “Stefany Salgado”, forman parte del material probatorio que hoy reposa en manos de la justicia.
El mayor Jiménez Cárdenas, quien había sido edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y enlace del Ejército con la Alcaldía de Bogotá, habría sido clave para facilitar el ingreso de la mujer al tercer anillo de seguridad presidencial. Desde su reclusión, Jiménez ha advertido que su vida y la de su familia corren peligro por la exposición mediática de este caso.
El proceso judicial en curso
Los tres capturados —Salgado, Jiménez y Padilla— han negado su responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que conformaban una red ilegal que habría infiltrado la seguridad presidencial para beneficiar estructuras criminales, en especial al Tren de Aragua.
Mientras avanzan las audiencias, este caso deja en evidencia las vulnerabilidades en los protocolos de control militar y la magnitud del riesgo que enfrentó la seguridad de Gustavo Petro y, en consecuencia, la estabilidad del Estado colombiano.
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