Corte Suprema advierte que contratos de vuelos del Pacto Histórico en campaña al Senado habrían beneficiado la campaña presidencial de Petro

Un fallo de 236 páginas de la Corte Suprema de Justicia reveló que los contratos de transporte aéreo registrados como gastos de la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 en realidad beneficiaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro durante la consulta interna.

Según el tribunal, la coalición indujo en error al Consejo Nacional Electoral (CNE) al reportar los desplazamientos como si fueran propios de los aspirantes al Congreso, cuando en realidad servían a la agenda del entonces precandidato presidencial.

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La investigación, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, identificó que la contratación con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. se realizó por recomendación de Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial de Petro— con la intermediación de Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, según información publicada por El Tiempo.

La Corte habría determinado que hubo manipulación de planillas de vuelo: por orden de Hernando Robles, representante de la aerolínea, se modificaron registros para que figurara como cliente la “Campaña Senado” y no la consulta presidencial.

Los documentos originales evidenciaban que los pasajeros recurrentes incluían a Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti, y que los viajes coincidían con la agenda del precandidato presidencial. Aunque también aparecieron nombres de líderes como Roy Barreras y Jaime Dussán, el tribunal concluyó que los vuelos no respondían a necesidades de la lista al Senado.

Incluso se hallaron chats de la coordinadora Andrea Maya Gutiérrez que demostraban cómo la programación obedecía directamente a la campaña presidencial. La Corte precisó que, aunque no tiene competencia para investigar al presidente Petro, remitirá copias a las autoridades electorales correspondientes.

El fallo subraya que el contrato, aprobado el 5 de febrero de 2022, se extendió hasta la segunda vuelta presidencial del 19 de junio de ese año. Además, mientras la facturación oficial hablaba de helicópteros, las pruebas mostraron que los vuelos se realizaron principalmente en avión, lo que refuerza la tesis de facturación mendaz y manipulación de documentos.

La Sala advirtió que esta irregularidad permitió que el CNE reconociera al Pacto Histórico una reposición de gastos por más de 14.400 millones de pesos, basada en informes falsos presentados en el aplicativo Cuentas Claras.

Aunque la investigación contra los senadores de la lista cerrada fue archivada, la Corte concluyó que estos actuaron bajo un “error de tipo vencible” al presentar reportes contrarios a la realidad. La responsabilidad, según el fallo, recae en la estructura de la campaña y no en los congresistas elegidos.

El fallo también señala la importancia de la transparencia en la rendición de cuentas de las campañas políticas y cómo la manipulación de documentos puede afectar la confianza en los procesos electorales.

Las pruebas presentadas incluyen correos electrónicos, chats y registros de vuelo que muestran de manera clara la coordinación de los viajes con la agenda presidencial de Petro, dejando evidencia de la intención de encubrir los verdaderos beneficiarios de los servicios contratados.

En cuanto a la gestión de la campaña, la Corte resaltó que la intermediación de figuras como Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo fue clave para organizar los desplazamientos bajo la apariencia de gastos del Senado, lo que evidencia la existencia de una estructura organizada para aprovechar recursos destinados a un fin distinto del reportado oficialmente.

Con este fallo, la Corte Suprema sienta un precedente sobre cómo se deben manejar y reportar los gastos de campaña, especialmente cuando están vinculados a movimientos políticos que participan tanto en elecciones legislativas como presidenciales.

La documentación manipula la percepción de los gastos oficiales y puede tener repercusiones legales significativas para quienes coordinan estas operaciones, aunque no afecte directamente a los congresistas elegidos bajo listas cerradas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se prepara para tomar una decisión que podría tener repercusiones significativas en el panorama político nacional.

Antes de finalizar el año, los magistrados de este organismo votarán la ponencia elaborada por Álvaro Hernán Prada, en la que se formulan cargos contra el Pacto Histórico y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con información obtenida por La FM de RCN, la propuesta ya cuenta con el respaldo de los magistrados, incluido Altus Baquero, quien en ocasiones anteriores ha sido señalado por su presunto apoyo a Petro.

La investigación del CNE se centra en presuntas irregularidades financieras durante la campaña presidencial de 2022.

Según la ponencia presentada, se habrían superado los límites de gasto establecidos para ambas vueltas electorales, con un exceso que alcanzaría los $3.500 millones.

Este hallazgo llevó a los magistrados a considerar la imposición de sanciones tanto al movimiento político como a los responsables directos de la campaña.

Entre las medidas propuestas, la ponencia sugiere que Ricardo Roa debería reintegrar los recursos que excedieron los topes permitidos y afrontar una multa aproximada de $5.000 millones.