Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia registra señales de riesgo institucional. Andrés Idárraga, titular de esta dependencia, se refirió al caso luego de conocer la petición formal entregada por la Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente, Pablo Bustos, acerca de aparentes irregularidades.
El funcionario estatal, en sus redes sociales, exigió la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación, frente al riesgo de una posible manipulación del concurso convocado por la Asamblea, en una elección que determinará el control fiscal del segundo departamento más poblado de Colombia para el próximo cuatrienio (2026 - 2029). Y los señalamientos al gobernador Andrés Julián Rendón.
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La controversia se remonta a la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025, a través de la cual la Asamblea de Antioquia oficializó el concurso de méritos. La Universidad de Cartagena fue seleccionada como operador académico, siendo responsable de la ejecución técnica de la selección; aunque la determinación dio pie a una serie de denuncias que evidenciarían falta de transparencia.
Y es que, tan pronto como se anunció este encargo, salieron a la luz una serie de denuncias sobre el particular, algunas de ellas lideradas por la Red de Veedurías de Colombia, que sostuvo haber recibido reportes ciudadanos sobre favoritismo en favor de Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón, presuntamente impulsados por el actual mandatario regional.
Del mismo modo, la participación de candidatos señalados con antecedentes administrativos y éticos cuestionados. De acuerdo con la red, existen argumentos documentados sobre reuniones indebidas entre directivos de la Universidad de Cartagena y el gobernador de Antioquia, además del interés declarado del rector para acelerar el concurso en tiempo récord, lo cual ha levantado sospechas.
Y es que en palabras del presidente de Bustos, líder de la veeduría, esto se traduciría en “graves riesgos de cooptación política”, ya que —aseguran— que la eventual elección de un “contralor de bolsillo” vulneraría la autonomía y el propósito mismo de la Contraloría: un ente que debe ejercer control sobre los recursos públicos, no responder a intereses de gobernantes de turno.
Secretario de la Transparencia pidió tomar medidas a la Procuraduría
Frente a este escenario, el secretario de Transparencia de la Presidencia tomó posición y anunció una serie de decisiones frente a los riesgos que, en su concepto, representa esta elección.
“La ciudadanía ha alertado sobre irregularidades que se estarían presentando en el concurso para Contralor de Antioquia. Desde la Secretaría de Transparencia ponemos en consideración de la Procuraduría General la posibilidad de intervenir de manera preventiva y garantizar la transparencia del proceso”, se conoció a través de su perfil de X, en relación con esta designación que hará la Asamblea.
El jefe del ente, que en el pasado se resumía en un ‘zar anticorrupción’, animó a la sociedad a seguir alerta y generar nuevas alertas donde perciban irregularidades. “Colombia necesita contralores independientes, no de bolsillo, que respondan al interés público y no a pactos políticos locales”, expresó Idárraga, que no ocultó su indignación ante lo que estaría aconteciendo en este proceso.
Los posibles delitos asociados a las irregularidades denunciadas —de comprobarse— incluyen figuras del Código Penal como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, abuso de función pública, cohecho, concusión y fraude procesal. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, los hechos ameritarían la suspensión del proceso.
“De determinarse la veracidad de los señalamientos mencionados, estaríamos ante un atentado directo contra la democracia y el control ciudadano. Ni este ni ningún gobernador puede capturar la Contraloría para convertirla en un apéndice de su mandato. Un contralor de bolsillo es sinónimo de impunidad y corrupción”, advirtió Bustos en su declaración, con la que le dio revuelo a su denuncia.
En consecuencia, y según la Red de Veedurías y la Secretaría de Transparencia, permitir la interferencia política en la elección del contralor regional representaría la apertura a fenómenos de corrupción estructural. Por ello, exrtendieron su llamado a fortalecer la vigilancia y supervisión, al advertir que el resultado de esta elección podría definir el rumbo del control fiscal en Antioquia.
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