
El cierre total de la vía al Llano, que conecta Bogotá con Villavicencio, cumplió quince días por un fuerte deslizamiento que bloqueó por completo el corredor en el kilómetro 18, punto identificado como el más comprometido por las autoridades.
Esta situación, que afecta el tránsito entre la capital y los Llanos Orientales, desató una creciente discusión pública sobre la gestión de la emergencia y la responsabilidad de las entidades involucradas.
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Las críticas se han dirigido tanto al Gobierno nacional como a la concesionaria Coviandina por presuntas demoras en la recuperación del tramo vial.
En respuesta a la controversia, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó ante la opinión pública que existen límites contractuales que condicionan la intervención de la concesionaria, y detalló las acciones que actualmente se aplican para habilitar el paso vehicular.
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Mientras continúa el proceso activo de remoción en masa en el punto crítico, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, cuestionó de manera tajante los planteamientos de Coviandina respecto a la supuesta falta de responsabilidad de la empresa en la crisis.
En la mañana del miércoles 24 de septiembre, el mandatario regional utilizó su cuenta de X para explicar: “Esto es ridículo. Para la concesión Coviandina, las 12 viviendas rurales dispersas, ubicadas en el área de influencia de la remoción en masa en la vereda Caraza, serían las culpables de lo ocurrido en la vía al Llano. Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad.
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Fue así como Jorge Emilio cuestionó a la concesionaria: “Entonces, ¿la causa no serán más bien los miles de metros cúbicos de agua que filtran constantemente la ladera, provenientes de las cunetas de la vía en el km 16 —parte superior de la montaña— y que descienden hasta el km 18+600, donde se produjo el deslizamiento?“.
El gobernador agregó que la entidad sabe sobre la situación, pues “la anterior concesión construyó canales para conducir esas aguas que bajaban con fuerza desde el km 16, además de pozos de abatimiento para captar la que se filtraba en el subsuelo y así reducir la saturación de la montaña. Si no fueran conscientes de la afectación causada por el agua que descarga la propia vía, nunca habrían ejecutado estas obras".
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De esta manera, el mandatario regional explicó que el problema de las infraestructuras fue que “nunca recibieron mantenimiento: los canales se fisuraron, los pozos se saturaron y dejaron de conectarse entre sí para evacuar las aguas de manera segura". Entre líneas añadió que “¡Culpar a los campesinos es absurdo e injusto! Solo falta que pretendan que ellos mismos estabilicen la montaña y recojan el material que cubre la vía".
Finalmente, Jorge Emilio Rey aseguró que esperan que el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Transporte y la convocatoria del PMU nacional, se puedan evaluar fuentes de financiación, “asuma la responsabilidad de impulsar una solución definitiva a este grave problema de movilidad”, concluyó.
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¿Qué dijo Coviandina?
La controversia sobre las constantes emergencias en la vía concesionada a Coviandina, operada por Proindesa, ha girado en torno a la identificación de las verdaderas causas detrás de los deslizamientos y afectaciones.

Lejos de centrarse únicamente en la infraestructura vial, las declaraciones recientes de Alberto Mariño, presidente de la empresa concesionaria, han puesto el foco sobre el impacto de la intervención humana en la montaña.
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Desde la perspectiva expuesta por Mariño a Caracol Radio, las obras realizadas exclusivamente sobre la carretera no lograrían garantizar la eliminación de los problemas actuales. “En todos los puntos críticos tienen una causa y está arriba de la montaña que son cambios del uso del suelo, deforestación, malos manejos de agua. Entonces no es posible pensar en que con obras en la carretera yo voy a eliminar estas afectaciones”, afirmó el representante de Proindesa.
El constructor explicó que, tras un análisis de la zona, han observado la presencia de canales, reservorios y construcciones realizadas por campesinos y agricultores en las partes altas, lo que estaría provocando los deslizamientos recientes.
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Según detalló, estas intervenciones alteran de forma relevante el entorno, haciendo que el suelo se vuelva inestable. Frente a esta situación, Mariño sostuvo que la responsabilidad recae en otros actores estatales y locales: “Ahí tienen que entrar las corporaciones regionales y el Ministerio de Agricultura y las alcaldías a ver cómo resuelven el problema. Pero no pueden pensar que todos los daños que bajen a la carretera son de la ANI, del Ministerio de Transporte y menos de la concesionaria”, destacó al medio mencionado.
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