En la tarde del miércoles 24 de septiembre, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso votaron en contra de la ponencia mayoritaria que respaldaba la cifra presentada por el Gobierno nacional para el Presupuesto General de la Nación 2026.
La propuesta oficial, por un monto de $556,9 billones, no obtuvo la aprobación necesaria, lo que abrió el camino para el estudio y votación de las otras dos ponencias alternativas que contemplan recortes al presupuesto planteado por el Ejecutivo.
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En la sesión, que cuenta con la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, se discuten las tres propuestas: la del Gobierno, una presentada por el partido Alianza Verde que propone un presupuesto de $546,9 billones y otra del Centro Democrático (CD), que sugiere reducirlo a $530 billones.
Las otras dos ponencias con montos más bajos argumentan que la cifra planteada por el Ejecutivo estaría desfinanciada y depende de una reforma tributaria aún no aprobada.
Posturas sobre la reducción del presupuesto
El Centro Democrático ha insistido en que es necesario excluir del cálculo del presupuesto los recursos proyectados por la reforma tributaria que el Gobierno pretende implementar. Esta reforma busca recaudar $26,3 billones, pero aún no ha iniciado su trámite legislativo. Según esta colectividad, el presupuesto actual estaría “sobreestimado en $78,1 billones”, lo que podría generar un déficit insostenible.
Por su parte, la ponencia alternativa impulsada por la Alianza Verde plantea una reducción de $10 billones, con el objetivo de redistribuir recursos a sectores estratégicos como deporte, agricultura, comercio y tecnologías de la información. Esta propuesta contempla además la eliminación del impuesto a la gasolina y la revisión del impuesto a las bebidas alcohólicas como parte de la financiación.
En el marco de la discusión, se detalló que algunos sectores recibirían incrementos específicos: $100.000 millones para el Ministerio de Comercio, $200.000 millones para el Ministerio del Deporte, $200.000 millones para el Ministerio de Tecnologías de la Información y $50.000 millones para el Instituto Colombiano Agropecuario. Estos ajustes implicarían recortes a entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, Hacienda, Interior, la Rama Judicial y el sector Salud.
Riesgos financieros y advertencia de expertos
Diversos analistas han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de la cifra inicial propuesta por el Gobierno. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, afirmó que la propuesta del Ejecutivo “guarda indiscutiblemente un grado de irracionalidad financiera muy alto, porque es un proyecto que reconoce un déficit fiscal del 7,1% del Producto Interno Bruto, eso es demasiado alto, en pesos es cercano a los 128 billones de pesos”.
Amorocho también señaló que la reforma tributaria aún no ha avanzado en el Congreso y podría tardar hasta noviembre en ser aprobada, por lo que considera más viable una propuesta ajustada a las rentas actuales.
“Hasta este momento no se ha conocido ninguna propuesta del Gobierno que realmente ajuste, en términos reales, qué es lo que se va a suprimir de ese proyecto de ley de financiamiento presentado para que queden $16 billones y no en $26 billones, como inicialmente se propuso”, agregó.
El académico recordó que, si no se logra aprobar ninguna de las ponencias, el presupuesto podría ser expedido por decreto presidencial, como ocurrió el año anterior. “Lo que debe suceder hoy en el Congreso, de acuerdo con el procedimiento legislativo, es que se apruebe el proyecto hasta el monto que lo permitan las rentas legales vigentes”, indicó.
En caso de que el presupuesto se expida nuevamente por decreto, el país enfrentaría un panorama incierto. Según Amorocho, esto llevaría a buscar recursos mediante deuda externa, la cual ya se encuentra en niveles altos y se prevé que alcance el 65% del Producto Interno Bruto.
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