William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción de 9 años en su contra: “Nos vemos en el Senado”

El Consejo de Estado anuló la sanción impuesta por la Procuraduría General al exalcalde de Cartagena, William Dau, que le impedía ocupar puestos públicos durante nueve años.

Esta medida se originó en un proceso disciplinario por la adquisición de tests rápidos para covid 19 durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el exmandatario local William Dau expresó su respuesta tras conocer la determinación del Consejo de Estado de anular la inhabilidad en su contra, manifestando en un mensaje de su cuenta en la red social X: “Nos vemos en el Senado”.

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El tribunal superior resolvió invalidar las decisiones tomadas en 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, al considerar que no se ajustaban a la legalidad.

El exalcalde de Cartagena William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción que le prohibía ejercer cargos públicos durante nueve años.

A través de su cuenta en la red social X, Dau cuestionó duramente a la exprocuradora Margarita Cabello y celebró la posibilidad de postularse al Congreso.

El exmandatario ya ha manifestado en anteriores ocasiones su intención de lanzar una candidatura al Senado, una aspiración que ahora recupera vigencia tras la revocatoria de la inhabilidad.

“La sinvergüenzura de Margarita Cabello quedó al descubierto! El Consejo de Estado anuló sentencia de Procuraduría que me inhabilitaba por nueve años. Nos vemos en el Senado. Tu papá te quiere @petrogustavo”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el exalcalde de la capital del departamento de Bolívar.

Dau también compartió un comunicado en el que afirmó que “el alto tribunal concluyó que dichas decisiones fueron contrarias a derecho, expedidas en abierta infracción de las normas que debían aplicarse, y que me sancionaron por hechos que no constituían falta disciplinaria”. Además, sostuvo que esta nueva sentencia “confirma lo que siempre denuncié: que fui víctima de una persecución política y judicial destinada a silenciar mi voz y excluirme de la vida pública”.

A lo anterior agregó: “El Consejo de Estado fue enfático en anular esa sanción y más allá de lo personal, este fallo reivindica la democracia colombiana: ningún órgano administrativo puede, por vías arbitrarias, desconocer la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas”.

El exalcalde cartagenero también resaltó que “durante años soporté ataques por enfrentar a las mafias políticas y económicas que han saqueado a Cartagena y al país”. Agregó que ahora, con esta decisión, “la justicia me da la razón” y destacó que su caso “se convierte en un precedente contra el abuso de poder disciplinario y en una advertencia a quienes intenten manipular la ley para destruir a quienes no nos arrodillamos ante ellos”.

En su mensaje, William Dau afirmó que “no me doblegaron antes y menos ahora”. Sostuvo que “este triunfo jurídico y político es también un triunfo de la ciudadanía que cree en un país distinto, transparente y decente”.

Además, anunció: “Seguiré luchando desde el Congreso de la República, aspirando al Senado de Colombia, para llevar esta batalla contra la corrupción y la persecución política al escenario nacional”.

La medida disciplinaria se originó tras una indagación relacionada con la adquisición de 10.000 test rápidos de COVID-19 por parte de la Alcaldía de Cartagena, mediante un contrato valorado en 725 millones de pesos. El acuerdo se celebró con la firma Ventas, Distribución y Marketing Ltda., empresa que, según la Procuraduría, no contaba con la experiencia técnica ni la infraestructura necesaria para cumplir adecuadamente con lo pactado.

Según el ente de control, la administración de William Dau no realizó cotizaciones previas con otras empresas, lo que evidenciaría supuestas irregularidades y violaciones a los principios de economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo en los procesos disciplinarios que el contrato no cumplió con los estándares mínimos exigidos por la ley, atribuyendo al entonces alcalde no solo falta de diligencia sino también la presunta omisión del deber de velar por la adecuada selección del contratista.