Por dejar en liberta al polémico contratista Emilio Tapia, jueza será investigada por la Comisión de Disciplina

En abril de 2025, la jueza Claribel Fernández Castillón le otorgó el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia, luego de cumplir entre 48 y 76 meses de prisión por el caso de Centros Poblados.

La decisión fue apelada por la Procuraduría General de la Nación, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar el beneficio.

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Según el Ministerio Público, no se contempló el Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario y la Ley 190 de 1995.

Por tal motivo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra la jueza primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castillón, que otorgó el beneficio de libertad condicional.

El proceso también esclarecerá una presunta mora en la resolución del recurso que interpuesto la Procuraduría General de la Nación.

La investigación Fernández Castillón se inició el 22 de abril de 2025, tras la remisión de copias por parte de la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico.

En los primeros días de mayo se dispuso una indagación preliminar destinada a la recolección de evidencias. Posteriormente, el 17 de septiembre, después de analizar el material reunido, la autoridad disciplinaria resolvió abrir una investigación formal para establecer si la juez cometió alguna infracción.

Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por ser el ‘cerebro’ en el caso de Centros Poblados.

La adjudicación del contrato digital más grande de Colombia desencadenó un escándalo de corrupción en el que la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas y desvió recursos públicos destinados a llevar internet a zonas rurales. El caso involucra a funcionarios, empresarios y figuras políticas.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) adjudicó en 2020 un contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados para instalar más de 7.000 puntos digitales en escuelas rurales.

Según datos de El Tiempo, la investigación demostró que la unión temporal no contaba con la experiencia técnica exigida y usó documentos bancarios apócrifos durante la licitación. El anticipo desembolsado superó los 70.000 millones de pesos colombianos, recursos que terminaron en cuentas bancarias en el extranjero.

El caso cobró notoriedad tras destaparse el desvío de fondos a una empresa en Delaware, Estados Unidos, explicó La Nación.

La Fiscalía General formalizó cargos contra varios responsables. El contratista Emilio Tapia, considerado actor clave en el fraude, acordó devolver 5.000 millones de pesos y fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión. Tapia admitió su participación en delitos como peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

El representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque Torres, recibió una condena de cuatro años y tres meses de prisión.

Otro implicado, Juan José Laverde, vinculado a la empresa Rave Seguros, aceptó cargos por falsedad y fraude procesal, comprometiéndose a colaborar como testigo y restituir una fracción del dinero sustraído.

Las sanciones alcanzaron también el plano administrativo. La Contraloría General de la Nación impuso una multa de 87.027 millones de pesos a Centros Poblados por incumplimiento del objeto contractual, según detalló El País. Las fallas detectadas se relacionan con la no ejecución de los servicios acordados y la utilización irregular de los recursos asignados.

Durante la gestión de la exministra Karen Abudinen, responsable del MinTIC al momento de la adjudicación, el Congreso debatió una moción de censura que provocó su renuncia. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que Abudinen no figura como víctima en el expediente penal. Esta decisión se fundamentó en la ausencia de un daño individual concreto.

En la actualidad, el rastreo de los recursos desviados continúa y los procesos judiciales siguen abiertos. Las autoridades buscan establecer la plena responsabilidad de todos los participantes e identificar la recuperación total de los fundos comprometidos en la fallida contratación digital.