Nuevo tropezón para la construcción de la Cárcel Distrital ll: la administración de Galán enfrenta críticas por la suspensión de la obra

El proceso para la construcción de la segunda cárcel distrital de Bogotá sufrió un giro inesperado, luego de que el contrato entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la entidad pública Renobo fuera dado por terminado de manera anticipada.

Según lo expuesto por la concejal Diana Diago, la decisión, formalizada el 12 de agosto de 2025, dejó al proyecto con apenas un 18% de avance físico, generando creciente preocupación sobre la viabilidad de una de las principales promesas hechas en campaña por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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El contrato SCJ-1991-2024, celebrado por un valor de $5.196 millones y con un plazo de ejecución de 18 meses, tenía como objetivo la gerencia integral para la estructuración de estudios, diseños, interventoría, permisos y licencias de la Cárcel Distrital II. Esta obra, ubicada en la localidad de Usme, en un predio cedido a la Alcaldía de Bogotá por el Inpec, hace parte del programa “Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y proyección de derechos en Bogotá D.C.” y estaba destinada a crear un centro carcelario con enfoque restaurativo para personas sindicadas, con capacidad para 2.000 cupos y orientado a reducir el hacinamiento.

El proceso contractual se formalizó el 29 de enero de 2025, bajo la modalidad de contratación directa. La administración argumentó que Renobo reunía la experiencia y capacidades técnicas exigidas para este tipo de megaestructura, razón por la cual no se convocó una licitación abierta. Esta decisión, según denunció Diago, fue uno de los factores que incidió en el desarrollo posterior de la relación contractual.

En junio de 2025, la Secretaría de Seguridad reportó en el Secop el quinto informe de avance, estableciendo que la ejecución física no superaba el 18%. Pese a la baja ejecución, la contratista solicitó una adición al contrato. No obstante, la entidad identificó inconsistencias en la gestión de Renobo, siendo la principal la discrepancia entre la experiencia reportada y la calidad del trabajo entregado por su equipo profesional. Esta situación generó el rechazo a la adición y, finalmente, derivó en la terminación consensuada del contrato antes del plazo inicial.

“La administración de Carlos Fernando Galán prometió la construcción de la segunda cárcel distrital y hoy vemos que esas palabras se desvanecen. Este es el resultado de la falta de planeación. Renobo no dio pie con bola y eso lo debió prever la Secretaría de Seguridad. Se necesitaba una convocatoria abierta para garantizar pluralidad de oferentes y elegir la mejor propuesta, fuera pública o privada”, señaló Diana Diago durante sus intervenciones públicas y de control político.

La concejal recalcó que la contratación directa implicaba mayores riesgos y menos transparencia frente a la selección de la entidad encargada del proyecto. Advirtió que, pese a que el distrito ya contaba con el predio y la viabilidad jurídica y técnica para el inicio de obras, la administración optó por un camino que limitó la concurrencia de empresas con experiencia comprobada, lo que, a su juicio, desembocó en los problemas de gestión identificados.

Adicionalmente, Diana Diago insistió en que la finalización del contrato significa un nuevo retroceso para la política carcelaria y de seguridad en Bogotá. “La creación de la segunda cárcel distrital seguirá en veremos. Durante siete meses, la administración ilusionó a la ciudadanía con la ejecución de una de sus principales promesas de campaña, pero hoy el proyecto está paralizado,” subrayó la cabildante.

La concejal también contextualizó el impacto de esta suspensión en el entorno social y en los retos de seguridad, señalando que la ciudad enfrenta un panorama crítico por el aumento de la criminalidad y la congestión carcelaria. “La Policía está maniatada, la inseguridad crece, los ciudadanos caminan inseguros y la ciudad se ahoga en basura. Las obras que benefician a Bogotá se quedaron en veremos por falta de una planeación seria. Esta administración le debe mucho a los bogotanos y, en vez de mejorar, vamos peor”, concluyó Diago.

El fracaso parcial del contrato SCJ-1991-2024 dejó en pausa un proyecto clave para la reducción del hacinamiento y la garantía de derechos en el sistema carcelario distrital. Con la obra frenada, el distrito deberá replantear el mecanismo de selección y asegurar la reactivación del proyecto, mientras persisten los cuestionamientos sobre los criterios utilizados en la contratación y la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y justicia.