Este martes 23 de septiembre, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes realizará un debate de control político destinado a evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.
La sesión, que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, fue convocada por los representantes Cristian Danilo Avendaño y Diógenes Quintero, este último de la curul de paz de Catatumbo.
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Entre los funcionarios citados para este debate se encuentran el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero. A la discusión también fueron convocados organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, lo que evidencia la magnitud y relevancia del encuentro.
El objetivo central de la sesión es conocer el estado de cumplimiento de los seis puntos fundamentales del Acuerdo de Paz: reforma rural, participación política, fin del conflicto armado, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, de acuerdo con las competencias de cada entidad citada. La Comisión Legal de Paz busca así establecer un balance integral sobre los compromisos asumidos por el Gobierno y los avances en la implementación.
Este debate se enmarca en un contexto crucial para la paz en Colombia. La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió sus primeras sentencias en los macrocasos sobre secuestro y ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”.
Estas decisiones representan un hito en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas, y han reactivado la discusión pública sobre el alcance del sistema de justicia transicional y el compromiso de los exjefes de las FARC y de miembros de la Fuerza Pública con sus responsabilidades.
En entrevista con Colombia+20 de El Espectador, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y último comandante de las extintas Farc, afirmó que “el último secretariado asumió la responsabilidad de todo lo que pasó” y destacó que mantienen el compromiso político con la reconstrucción de la verdad.
Londoño agregó: “Convencimos a más de 13.000 hombres de contribuir a esa reconstrucción. En muchas audiencias nos encontramos con que quienes protagonizaron hechos no están con vida, y eso dificulta la reconstrucción. Pero nuestra decisión política fue y sigue siendo reconstruir esa verdad”.
Además, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentará la próxima semana su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad, donde se evaluará la reincorporación de excombatientes, la seguridad en los territorios y el cumplimiento de las medidas pactadas en el Acuerdo de Paz. Este reporte también será compartido con la comunidad internacional, ofreciendo un panorama actualizado sobre los avances y retos de la implementación.
El debate llega en un momento de tensión adicional, luego de la descertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Esta decisión tiene implicaciones directas en los compromisos del Acuerdo de Paz, que buscaba una alternativa legal a los cultivos ilícitos mediante la sustitución por economías legales.
Con este escenario, el control político de la Comisión Legal de Paz se proyecta como un espacio crucial de contraste entre las expectativas internacionales, las demandas de las víctimas y la ciudadanía, y los compromisos asumidos por el Gobierno en un contexto de múltiples tensiones, que van desde el rezago en la reforma rural integral y las garantías de seguridad para líderes sociales, hasta los desafíos de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
El resultado de este debate será clave para evaluar los avances reales en la construcción de paz y permitirá a los ciudadanos medir el compromiso del Estado con la implementación integral del Acuerdo de Paz. El Congreso reafirma así su papel como garante del seguimiento y la transparencia en un proceso que sigue siendo decisivo para la estabilidad y la reconciliación del país.
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