Petro respondió a denuncia ante la Procuraduría por utilizar canales oficiales para hacer propaganda a su Gobierno: “Es institucional”

El uso de las redes sociales oficiales de diversas entidades gubernamentales para difundir mensajes con contenido político generó inquietud en sectores ciudadanos, especialmente por la proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia.

En este contexto, la preocupación por la neutralidad institucional y la vigilancia sobre el manejo de la comunicación pública se intensificó, mientras persisten las críticas hacia el presidente Gustavo Petro por la naturaleza de los discursos difundidos a través de estos canales.

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La controversia se agudizó cuando, a mediados de septiembre de 2025, cuentas oficiales como las del Servicio Geológico Colombianao (SGC) e Instituto Nacional de Vías (Invías) publicaron declaraciones del mandatario sobre temas sensibles, entre ellos la crisis del sistema de salud y la descertificación de Colombia por parte del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

En particular, la defensa de la intervención a varias EPS reiterada por el presidente Petro mediante mensajes en redes sociales motivó cuestionamientos y demandas ante la Procuraduría General de la Nación sobre el uso de plataformas institucionales para emitir opiniones políticas.

La respuesta del gobernante de los colombianos no tardó en llegar. A través de su cuenta personal de X, Petro expresó: “Señores, la política pública de un presidente de la República es institucional”. Esta declaración buscó justificar la difusión de sus mensajes en los canales oficiales, aunque la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño aún no ha ofrecido una explicación detallada sobre los criterios para la publicación de estos contenidos.

Los detalles de la demanda contra Petro por hacer propaganda en las redes de instituciones estatales

La inquietud ciudadana se manifestó también en solicitudes formales a las autoridades. Una joven, mediante un mensaje en X, instó a la Procuraduría General de la Nación a investigar a cada una de las entidades que replican este tipo de mensajes en sus redes sociales oficiales. Además, pidió a las autoridades mantener una vigilancia estricta sobre estas acciones, considerando que “falta cada vez menos para las elecciones presidenciales, en las que se elegirá el reemplazo del presidente Petro”.

El debate sobre la neutralidad de los medios públicos se reflejó en la intervención de otro joven, identificado como Hernán Cortés, publicó en X: “Continúo trabajando por la defensa de la neutralidad en los medios públicos. Ayer radiqué un escrito ante la @PGN_COL, solicitándole investigar a entidades del Gobierno que hayan utilizado las redes sociales institucionales para fines distintos a los misionales”. En su mensaje, adjuntó ejemplos de publicaciones realizadas por las entidades y subrayó que estos contenidos poseen un carácter político “innegable”, ya que, según su análisis, se emiten juicios de valor en lugar de información objetiva vinculada a la misión institucional.

La preocupación por el impacto de estas prácticas en el proceso electoral fue reiterada en otro mensaje difundido en redes sociales, donde se advirtió: “Estamos en un año preelectoral y si desde ya el Gobierno se está valiendo de redes públicas institucionales para hacer campaña, realmente esto va a ser imposible cuando estemos ya propiamente en campaña”.

El denunciante también solicitó a la Procuraduría investigar a Rtvc, Sistema de Medios Públicos de Colombia, por la próxima emisión del documental Petro: décadas de lucha, un pueblo decide, que se estrenará el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 9:00 p. m. a través del canal Señal Colombia.

“(...) En próximos días, supuestamente según las redes sociales de Señal Colombia, estarán publicando un documental acerca del Presidente de la República y por ley está prohibido expedir este tipo de contenidos que busquen alabar funcionarios públicos”, afirmó Cortés.

Además de la solicitud a la Procuraduría, Cortés pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que expida una resolución para regular la participación de la oposición en medios institucionales y garantizar equilibrio informativo.