El Centro Democrático reiteró sus cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo que acompañó la aprobación de la reforma pensional. Según el partido, persisten importantes irregularidades tras analizar el auto de la Corte Constitucional del 9 de septiembre de 2025 y la actuación del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, que envió las actas del proyecto legislativo a la Corte Constitucional.
El informe que López remitió a la Corte indica que las actas —determinantes para la aprobación de la reforma— “fueron votadas y aprobadas por la plenaria del Senado”.
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Incluso, la respuesta del funcionario puntualiza que “el acta del 28 de junio se aprobó con cuórum decisorio, mientras que la del día 27 se aprobó con cuórum deliberatorio”, como se lee en el documento oficial.
Pero en el comunicado divulgado en las horas de la mañana del 20 de septiembre de 2025, la bancada del Centro Democrático señaló que “pretender afirmar que hubo sesión extraordinaria el 27 de junio de 2025, carece de toda validez, ya que no se aprobó el orden del día y no existió cuórum decisorio”.
Según la colectividad de oposición, esta situación constituye un vicio en el procedimiento legislativo conforme a la Ley 5 de 1992.
El cuórum en las sesiones del 27 y 28 de junio se habría medido con un número de senadores “habilitados”: Centro Democrático
En ese contexto, el Centro Democrático rechazó además el argumento de la Presidencia sobre las constancias de no votación, mecanismo que, según López, habría inhabilitado a algunos representantes, limitando el número de congresistas habilitados a 79.
Consta en el comunicado que: “Ese planteamiento carece de todo sustento normativo: la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 son claras en que el quórum se mide frente a la totalidad de los miembros de la corporación, no frente a un número ficticio de «habilitados» creado discrecionalmente por la presidencia”.
El partido, incluso, alegó que “la constancia de no votar es un derecho político de los congresistas, y en ningún caso puede alterar las mayorías exigidas ni disminuir el quórum requerido”.
De manera que consideraron que afirmar lo contrario —como hizo López— desconoce la Constitución, y en efecto pone en riesgo la legitimidad de las decisiones legislativas.
Finalmente, el Centro Democrático sostuvo que lo afirmado por López, además de ser un error jurídico, confirma que la reforma pensional se habría tramitado “sobre la base de sesiones fallidas e inválidas”.
En consecuencia, la bancada legislativa del partido opositor concluyó con una petición expresa a la Corte Constitucional a decidir “en ejercicio de su autonomía” para “preservar la supremacía de la Constitución, el respeto por el debido proceso y la transparencia exigida en un Estado de derecho”.
Remisión de actas sobre la reforma pensional a la Corte Constitucional desencadena debate por legalidad del trámite
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, remitió a la Corte Constitucional las actas de las sesiones parlamentarias sobre la reforma pensional, con la defensa de que el proceso legislativo se ajustó a la ley.
Pero más allá del Centro Democrático, otros sectores políticos y congresistas cuestionan la validez de las actuaciones y advierten posibles irregularidades.
López compartió públicamente, mediante sus redes sociales, la acción oficial: “Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la @CConstitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó.
El documento oficial también especificó los detalles de las votaciones y certifica que la aprobación de las actas “se realizó mediante votación ordinaria por sí y por no, conforme a lo establecido en el artículo 27 y 52 de la Ley 5 de 1992 y el desarrollo ordinario de las sesiones. En consecuencia, las actas identificadas fueron aprobadas por mayoría, decisión que fue proclamada por la Mesa Directiva”.
La Corte Constitucional recibirá las actas 255, 256 y 257, todas aprobadas el 26 de agosto de 2025, según consta en la gaceta correspondiente. El proceso ha sido respaldado desde el Gobierno, con declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en defensa de la existencia de cuórum decisorio y la validez del procedimiento.
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