La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra José Ramiro Bermúdez Cotes, que se desempeñó como alcalde de Riohacha entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de un contrato relacionado con la construcción de un puente en la ciudad, así como otros proyectos de infraestructura esenciales para la comunidad.
La apertura del proceso disciplinario no solo involucra a Bermúdez Cotes, sino a otros exfuncionarios de la alcaldía, entre ellos el exsecretario de Infraestructura, Keider Agustín Freyle Sarmiento; el exsupervisor del contrato, Ronald Neil Pérez Ojeda, y el extesorero general, Edén Eli Moscote Roys.
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La decisión surge luego de detectar posibles faltas disciplinarias en el proceso de selección y ejecución contractual que comprometen la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos. De acuerdo con el ente de control, existen evidencias que apuntan a posibles omisiones en el cumplimiento de las funciones que le correspondían al exmandatario y a funcionarios de su administración.
La entidad aseguró que en la ejecución de la obra se presentaron cambios en los diseños del proyecto. El puente que pretendía ser ubicado en la desembocadura del río Rachería, inicialmente, incluía cuatro carriles de calzada con andenes y ciclo rutas. No obstante, la infraestructura terminó por ser apenas de dos carriles y dejando de lado los componentes que estaban proyectados.
Al parecer, los cambios en los diseños del puente se registraron luego de que se comprobara que su construcción era inviable financieramente porque comprometía seriamente los recursos de la ciudad.
No obstante, el ente de control determinó que no se elaboraron adecuadamente los planes de inversión ni se realizaron análisis técnicos sobre lo que implicaba para la ciudadanía los cambios en los diseños iniciales del proyecto.
En este sentido, la entidad subrayó que la participación de las personas involucradas, así como las circunstancias que rodearon la modificación de los diseños y la contratación, constituyen factores críticos que motivan la apertura del proceso disciplinario, por lo que la investigación busca aclarar si existió algún tipo de responsabilidad administrativa por las presuntas anomalías detectadas desde la planeación hasta la supervisión técnica y financiera del puente.
Las actuaciones disciplinarias impulsadas por la entidad pretenden salvaguardar la correcta inversión de recursos públicos y la legalidad de la contratación en proyectos de infraestructura, más aún cuando estos impactan directamente en la población, permitiendo o limitando su movilidad y acceso a la ciudad.
Esta no es la primera sanción en contra de Bermúdez Cotes
En 2024, el exmandatario guajiro ya había sido objeto de sanciones disciplinarias por parte del ente de control al ser destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación y supervisión de un contrato clave para la infraestructura de servicios públicos.
En su momento, la Procuraduría detectó actuaciones que no se apegaban en su totalidad a la ley vigente durante el proceso de contratación del operador encargado de la construcción y mantenimiento del acueducto y alcantarillado sanitario de Riohacha, por lo que dicho proceso también involucró a tres exfuncionarios que también se vieron afectados por el nuevo proceso disciplinario abierto en contra del mandatario.
De acuerdo con la entidad, durante el mandato en esa ciudad del norte del país, los implicados omitieron definir de manera precisa y detallada la infraestructura y los bienes que debían revertirse al municipio como parte de una concesión firmada con la empresa con Aqualia S.A.S E.S.P., por lo que no especificaron el plan de obras ni su cronograma, y tampoco realizaron un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural. Dicha omisión derivó en que la obligación de garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona rural quedara excluida del contrato.
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