Donald Trump envió duro mensaje a juez de origen colombiano Juan Merchán: “Es un corrupto que algún día pagará un precio muy alto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social, escribió un mensaje con el que avivó la controversia en torno al proceso judicial que lo llevó a ser declarado culpable en Nueva York.

Trump arremetió nuevamente contra el juez de origen colombiano Juan Merchán, al que señaló de liderar lo que considera una persecución judicial en su contra.

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Incluso fue más allá, señalando que el togado es una persona corrupta a la cual debería caerle todo el peso de la ley, y que espera que “algún día pague un precio muy alto por sus acciones ilegales”.

A su vez, señaló que los opositores a su mandato utilizaron el Departamento de Justicia para afectar sus intereses y el de los grupos políticos cercanos a su proyecto como el fallecido Charlie Kirk, con el fin de favorecer, según él, al expresidente Joe Biden.

“Intentaron obligar a Charlie, y a muchas otras personas y movimientos, a cerrar. Armaron al Departamento de Justicia contra los opositores políticos del Dormilón Joe Biden, ¡incluyéndome a MÍ! (sic)”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Y agregó: “Permitieron que la hija de un juez, en uno de los juicios corruptos en mi contra, se convirtiera en la mayor recaudadora de fondos para Biden y Kamala, ganando muchos millones de dólares para ella y su familia, pero con su padre, el juez, no solo negándose a RECUSARSE, sino que me puso una orden de silencio, no permitiendo NINGUNA charla sobre la corrupción de su familia y el conflicto de intereses sin precedentes”.

El origen del conflicto entre Donald Trump y Juan Merchán

El trasfondo de este enfrentamiento se remonta al juicio en el que Donald Trump fue hallado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales. El caso giró en torno a los pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación con el entonces candidato presidencial, antes de las elecciones de 2016. Aunque el hoy presidente de los Estados Unidos negó la existencia de dicha relación, durante el proceso se corroboró la retribución.

La figura de Juan Merchán, nacido en Bogotá y designado para llevar el proceso penal en el tribunal supremo del condado de Manhattan, se convirtió en un punto central de la estrategia de defensa de Trump. Los abogados argumentaron que la imparcialidad del juez estaba comprometida debido a la relación profesional de su hija con la firma de consultoría digital Authentic Campaigns, que prestaba servicios a candidatos y organizaciones del Partido Demócrata. Según documentos y demandas presentadas por la defensa, esta empresa habría trabajado para clientes vinculados a la campaña de Kamala Harris y otros comités demócratas.

La defensa de Trump sostuvo que la actividad de la hija de Merchán generaba al menos la apariencia de un conflicto de interés, por lo que solicitaron la recusación del magistrado. Sin embargo, el juez rechazó en repetidas ocasiones estas peticiones. Tanto un panel asesor estatal como el propio tribunal concluyeron que la actividad profesional de un familiar no constituye una causa automática para apartar a un juez del caso. En su momento, Merchán enfatizó que “la independencia judicial exige que las decisiones se fundamenten en la ley y en la prueba, no en las actividades políticas de parientes adultos”.

El enfrentamiento entre Trump y Merchán también se intensificó por la conducta del entonces exmandatario en redes sociales y su reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales que le prohibían realizar comentarios públicos susceptibles de intimidar a testigos o influir en el proceso. Trump violó estas restricciones en varias ocasiones y fue sancionado por desacato por el propio juez, lo que incrementó la tensión pública y alimentó la percepción de parcialidad en el tribunal.

Tras el veredicto de culpabilidad emitido en mayo de 2024, la atención se centró en la fase de imposición de la pena. La sentencia, inicialmente prevista para el verano de 2024, fue aplazada en varias oportunidades debido a recursos presentados por la defensa, que invocó, entre otros argumentos, un fallo sobre la inmunidad presidencial y la posibilidad de que la Suprema Corte de Estados Unidos precisara el alcance de esa figura.