Fiscalía declaró crimen de lesa humanidad el asesinato del magistrado del Tribunal Superior de Medellín Álvaro Medina: lo mató el cartel de Medellín

La Fiscalía General de la Nación declaró crimen de lesa humanidad el asesinato del magistrado Álvaro de Jesús Medina Ochoa, cometido por el cartel de Medellín el 8 de abril de 1985, una decisión que vuelve imprescriptible la investigación por el homicidio del juez que había ordenado la captura de Pablo Escobar Gaviria.

La medida fue adoptada el martes 13 de octubre de 2026 por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, después de 41 años sin avances judiciales.

La resolución declaró “la imprescriptibilidad de la acción penal en el crimen de lesa humanidad en la persona del magistrado del H. Tribunal Superior de Medellín, Álvaro de Jesús Medina Ochoa”, dice en el documento revelado por El Colombiano.

Con ese criterio, el proceso podrá continuar sin que opere el vencimiento de los plazos para perseguir penalmente a los responsables.

La Fiscalía también revocó el auto inhibitorio del 1 de agosto de 1991, con el que el ente acusador de entonces había archivado el expediente sin expedir una sola orden de captura. Por el crimen no hay ningún detenido.

La reapertura del expediente y los exintegrantes del cartel

La nueva calificación obliga a desarchivar el caso y a reanudar la investigación sobre el asesinato del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. El proceso podría incluir interrogatorios a antiguos miembros del cartel de Medellín que aún estén vivos, para establecer si participaron en el homicidio.

Entre los posibles llamados figuran Carlos Lehder y Fabio Ochoa, dos exintegrantes de la organización que regresaron recientemente a Colombia tras cumplir sus condenas en Estados Unidos. Ambos están en libertad y no tienen procesos pendientes en el país.

El abogado Ricardo Medina, hijo del magistrado, sostuvo que la decisión reconoce a los funcionarios judiciales asesinados por la organización narcotraficante. “Esta decisión es un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín, y vuelve a poner de presente un asunto que había sido relegado por la institucionalidad y por la misma sociedad”, expresó en declaraciones citadas por el mismo medio.

El abogado consideró que el criterio aplicado al caso de su padre puede alcanzar otros homicidios de integrantes de la Rama Judicial. “Esta decisión de la Fiscalía puede llevar a que otros asesinatos de integrantes de la Rama Judicial también sean declarados de lesa humanidad, es un triunfo de las víctimas, después de tantos años de impunidad; y también ayudará a acabar ese relato de los antiguos capos, que creen que porque pagaron delitos en Estados Unidos, ya no tienen cuentas pendientes con las víctimas”.

El ataque contra el magistrado en Medellín

El homicidio ocurrió durante la noche del 8 de abril de 1985, cuando Medina llegaba a su vivienda en el barrio La Floresta, en el occidente de Medellín. Dos sicarios del cartel liderado por Pablo Escobar le dispararon cuando descendía de su automóvil junto a su esposa.

Un año antes del ataque, el magistrado había dictado autos de detención contra Escobar y algunos de sus lugartenientes. Durante los 12 meses posteriores recibió visitas de emisarios que intentaron sobornarlo, además de amenazas telefónicas y sufragios escritos.

Su asesinato integró la ofensiva del narcotráfico contra los funcionarios que investigaban y perseguían a la organización. El llamado plan pistola mató a cuatro magistrados en Medellín entre 1985 y 1989: Gustavo Zuluaga, Mariela Espinosa, Héctor Jiménez Rodríguez y Álvaro Medina.

Estos fueron otros de los funcionarios judiciales asesinados por investigar a capos del narcotráfico

El primer crimen ocurrió el 10 de octubre de 1980, cuando fue asesinado el juez Julio Marín Jaramillo en Medellín, lo que desencadenó una protesta de 250 funcionarios judiciales que suspendieron sus labores durante dos días. Diez días después, la jueza Ana Cecilia Cartagena, de 35 años, fue asesinada pese a haber solicitado protección estatal.

Los ataques se intensificaron contra quienes investigaban a narcotraficantes de alto perfil. En 1983, el procurador Domingo Cuello Pertuz y la jueza Olga Grisales Rodríguez fueron asesinados presuntamente por agentes de la policía.

Funcionarios que examinaban el expediente de Pablo Escobar Gaviria también fueron blanco de violencia: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla murió en 1984, mientras que el magistrado Gustavo Zuluaga Serna fue asesinado en 1986.

El año 1989 marcó un período especialmente sangriento. El juez Carlos Valencia García, quien investigaba el asesinato del director de El Espectador y se disponía a llevar a juicio a Escobar, fue asesinado el 16 de agosto de 1989. Su muerte fue establecida como el Día de los Mártires de la Justicia.

Ese mismo año cayeron también la jueza María Elena Díaz Pérez, el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, la jueza Mariela Espinosa de Arango y el juez Bernardo Jaramillo Uribe.

La Constitución de 1991 reorganizó la Rama Judicial y creó la Fiscalía General de la Nación, trasladando tareas de investigación de los jueces a los fiscales. También se establecieron tribunales sin rostro para proteger la identidad de quienes juzgaban casos de narcotráfico, lo que redujo la letalidad de los ataques.

Sin embargo, la violencia continuó. La jueza Myriam Rocío Vélez fue asesinada junto con sus tres escoltas en 1992, y el último homicidio registrado en la cronología ocurrió en 2010, cuando murió el juez Diego Fernando Escobar Múnera.

El magistrado Óscar Bustamante Hernández señaló que la mayoría de los jueces asesinados provenía de sectores humildes y campesinos, caracterizados por su compromiso con el cumplimiento del deber. En numerosos casos, las investigaciones no identificaron con certeza a quiénes ordenaron los crímenes, debido a que los funcionarios enfrentaban amenazas simultáneas de narcotraficantes, grupos paramilitares y posibles miembros de las fuerzas de seguridad, todos con intereses en obstruir las pesquisas.