La descertificación en la lucha contra drogas para Colombia por parte de Estados Unidos ha sido uno de los temas más comentados en el país a lo largo de la semana. Congresistas de las dos facciones han tenido ocasión de exponer sus puntos de vista, de acuerdo con sus posturas políticas. Así lo hizo, a través de su cuenta de X, la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico.
En la imagen se muestra al Tío Sam y un sabueso (marcado como DEA), siguiendo el rastro de la cocaína que llega a su país, que coincide con una de las franjas blancas de la bandera estadounidense.
El rastro de ese polvo blanco lo siguen ambos personajes con su nariz y tienen los rostros y los ojos trastornados y congestionados, por el excesivo consumo de la droga.
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La senadora izquierdista había ya publicado un post haciendo referencia al mismo tema, lanzando críticas Estados Unidos por la parte que les correspondería en materia de narcotráfico.
“Los ciudadanos preguntan ¿por qué uno de los países de mayor consumo de todos los alucinógenos, descertifica a otros que se esfuerzan por combatir el narcotráfico? ¿No hay capos en EEUU? Varios bancos que guardan el dinero del narcotráfico esta en ese territorio ¿Los han cerrado?“, señaló.
Pronunciamiento de Embajada de Estados Unidos tras descertificación
La exclusión de Colombia de la lista de países certificados en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos ha generado una reconfiguración en la relación bilateral y ha desencadenado una respuesta inmediata en el escenario político nacional. El presidente Gustavo Petro confirmó el hecho durante la sesión del Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2025, donde informó la decisión del gobierno norteamericano de retirar a Colombia de ese grupo, reabriendo el debate sobre la efectividad y el rumbo de la política antidrogas en el país.
En el comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE. UU., se señaló que “Colombia apareció junto a otros 24 países” en el listado actualizado de naciones identificadas como plataformas de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2026. Aunque la medida no implica sanciones automáticas, el anuncio profundizó la polarización dentro del país y originó interpretaciones dispares entre líderes políticos, quienes evaluaron el significado y las consecuencias del retiro de la certificación.
El embajador estadounidense en Bogotá, John McNamara, abordó la coyuntura en un evento oficial, destacando la tensión que atraviesan los vínculos binacionales y describiendo el momento actual como decisivo: “Realmente delicado en la relación bilateral. De hecho, estamos en una encrucijada. El camino que elijamos juntos o por separado tendrá profundas consecuencias para ambos países. A pesar de las diferencias en algunos temas significativas que nos dividen, mi voz y voto están destinados a fortalecer de manera conjunta nuestros esfuerzos para superar los desafíos comunes y aprovechar las oportunidades que se nos presentan”, afirmó el diplomático.
Frente al panorama derivado de la descertificación, McNamara emplazó directamente al gobierno colombiano a trabajar en tres frentes fundamentales para recobrar la categoría: “Al presidente de la República y el gobierno actual de Colombia para que emprendan esas tres metas compartidas, que para nosotros son clave para avanzar nuestra lucha común: uno, reducir de manera urgente y decisiva los cultivos ilícitos de coca y la producción de la cocaína que viene de esos cultivos.
Porque donde hay coca, hay violencia, hay reclutamiento forzado de niños, de sus niños, corrupción, extorsión y un daño grave al medio ambiente. Se estima que en un año, acá en Colombia, hay setenta millones de galones de combustible mixtado con varias otras. Pues materiales que se quedan en el suelo colombiano”, detalló el embajador.
La reacción política interna no se hizo esperar, y numerosos actores incluyendo expresidentes, congresistas y precandidatos presidenciales, manifestaron su posición tras el anuncio. Al mismo tiempo, el propio Departamento de Estado enfatizó en su mensaje que la cooperación bilateral en materia de drogas ilícitas permanece vigente, destacando que Colombia sigue siendo un socio de interés estratégico para los Estados Unidos.
Datos aportados por un funcionario de la DEA y recogidos tras la noticia refuerzan la gravedad de la situación: “el 90% de la cocaína que llega es de origen colombiano”, estimación que subraya los desafíos persistentes en el control del narcotráfico y valida la preocupación expresada por Washington.
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