La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó el 16 de septiembre de 2025 su primera sentencia contra siete exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por secuestros masivos.
El fallo fue considerado como un avance decisivo hacia la la implementación del acuerdo final de Paz de 2016 y en la consolidación de la paz en el país por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
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La decisión, que impone sanciones restaurativas y retributivas, recibió el respaldo del organismo internacional, que destacó a través de un comunicado su importancia para “materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación”.
La sentencia de la JEP
El tribunal de la JEP responsabilizó a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante su liderazgo en en grupo armado ilegal como “Timochenko”; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez, por haber dirigido una política sistemática de secuestros en todo el país.
Según la sentencia, esta práctica tenía como objetivos financiar la estructura armada de las Farc, presionar el intercambio de prisioneros y mantener el control social y territorial en diversas regiones. La JEP atribuyó a los exlíderes un total de 21.936 casos de secuestro, cifra que refleja la magnitud de los crímenes juzgados.
La sanción impuesta consiste en ocho años de sanción propia, el máximo previsto en el acuerdo final de Paz, e incluye la obligación de realizar trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador, así como la restricción efectiva de libertades y derechos para los sentenciados.
Estas medidas, conocidas como Toar (trabajos, obras y actividades restaurativas), buscan reparar el daño causado y contribuir a la reconciliación nacional.
Durante la lectura del fallo, el magistrado de la JEP subrayó el mensaje central de la sentencia: “esta sentencia envía un mensaje inequívoco: los crímenes atroces no quedarán en la impunidad”.
Añadió que las sanciones tienen un carácter tanto restaurativo como retributivo, y que su objetivo es materializar la dignidad de las víctimas, consolidar la paz y garantizar que hechos de tal gravedad no se repitan.
La reacción de Naciones Unidas fue inmediata: “(...) El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición”.
La sentencia de la JEP forma parte del Caso 01, centrado en la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”. Además, el tribunal anunció que en los próximos días emitirá un fallo en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Se prevé que continúen las sentencias en otros macrocasos, lo que permitirá la aplicación de más sanciones propias bajo el mismo modelo restaurativo.
El organismo internacional indicó que el reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los exjefes de los comparecientes ante la JEPes considerado un hito en los procesos de paz.
Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional", añadieron en el comunicado conjunto.
Asimismo, la ONU instó al Gobierno nacional a garantizar los recursos financieros y la seguridad necesarios para la ejecución efectiva de estas sanciones.
“Las víctimas han desempeñado un rol fundamental en el proceso judicial ante la JEP. Confiamos en que la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes continúe contribuyendo no solo a su reparación, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”, anotaron.
Finalmente, Naciones Unidas reiteró su compromiso de acompañar a Colombia en la implementación del acuerdo final de Paz y de respaldar la labor de la JEP, “instrumento esencial para consolidar la paz y sentar las bases de la reconciliación en Colombia”, puntualizó.
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