El concejal Daniel Briceño reaccionó en su cuenta oficial de X a la reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Briceño señaló que esta medida representa una consecuencia directa de la gestión del presidente Gustavo Petro y su política antidrogas, calificando la situación como una muestra de la pérdida de confianza internacional en el país.
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En su pronunciamiento, Briceño atribuyó la descertificación a tres factores principales: la supuesta relación del gobierno colombiano con el Cartel de los Soles, organización vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro; las políticas del actual Ejecutivo, en particular el programa de “paz total”; y la falta de avances en la erradicación de cultivos ilícitos.
“Esa es la consecuencia de la sociedad de Petro con el cartel de los soles liderado por el narcotraficante Nicolás Maduro, por arrodillar el país con la paz total y por no erradicar cultivos ilícitos”, escribió el concejal en su cuenta de X.
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El término “narcoestado” fue utilizado por el dirigente capitalino para describir el escenario que enfrenta Colombia tras la descertificación.
Este señalamiento incrementó el debate público respecto al impacto de las políticas de seguridad y lucha antidrogas desarrolladas por la administración de Gustavo Petro.
La decisión de Estados Unidos se conoció en medio de intensos cuestionamientos internacionales y tras un aumento documentado en los índices de cultivos ilícitos en el país durante el último año.
Diversos sectores han expresado diferencias marcadas respecto a la estrategia adoptada por el gobierno colombiano, mientras avanza la discusión sobre la relación bilateral entre Colombia y la administración estadounidense.
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Políticos se manifestaron sobre la descertificación de EE.UU a Colombia: “No es el fin del mundo”
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de excluir a Colombia de la certificación antidrogas para el año fiscal 2026 generó una oleada de reacciones que sacudió el ámbito político nacional.
El anuncio, realizado durante una sesión del Consejo de Ministros por el presidente Gustavo Petro y ratificado después por la cancillería estadounidense, ubicó a Colombia junto a otros veinticuatro países en la lista de naciones con tránsito y producción significativa de drogas ilícitas.
A pesar de que la decisión no implica sanciones inmediatas, su efecto en el debate político fue inmediato.
Una de las primeras respuestas provino del expresidente Ernesto Samper, quien recordó su propia experiencia con una descertificación similar en la década de los noventa.
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En una carta difundida públicamente, Samper afirmó: “Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo”, recalcando los impactos económicos, sociales e institucionales que el país ha sufrido y resaltando la responsabilidad compartida con las naciones consumidoras.
El exembajador y exsenador Roy Barreras calificó la medida como injusta y llamó la atención sobre la corresponsabilidad internacional en la lucha antidrogas: “La desertificación, un error y una injusticia. El problema del narcotráfico es de corresponsabilidad común y compartida”.
Desde el Congreso, el representante Miguel Polo Polo cuestionó el destino de los recursos internacionales transferidos a Colombia para seguridad y advirtió sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos, mientras la senadora María Fernanda Cabal acusó al Gobierno de Petro de no cumplir su deber en la lucha contra el narcotráfico.
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El expresidente Iván Duque enumeró, en una publicación, factores que a su juicio justifican la descertificación: retiro de grupos manuales de erradicación, aumento de cultivos ilícitos, bajos niveles de incautación y políticas consideradas permisivas.
El asunto también generó inquietudes económicas; el congresista Juan Espinal advirtió sobre posibles afectaciones en la inversión extranjera y la imagen internacional del país.
Por su parte, el precandidato Juan Daniel Oviedo propuso recuperar el control territorial y fortalecer la estrategia oficial en la lucha contra las drogas, incluyendo cooperación con campesinos y países limítrofes.
El debate político continúa mientras sector público y privado evalúan el impacto de la medida en la agenda nacional.
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