Tres muertos dejó un ataque armado en una discoteca en Popayán: autoridades investigan lo ocurrido

En la madrugada del domingo de septiembre de 2025, se presentó un hecho de violencia en un establecimiento comercial de Popayán que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.

Según reportes preliminares citados por El País de Cali, la tragedia ocurrió en el barrio La Paz, al norte de la capital del departamento de Cauca, en la que una discusión entre varios asistentes al establecimiento nocturno de nombre BBT derivó en un ataque armado que interrumpió el descanso de la comunidad.

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Según los habitantes del barrio, en declaraciones al medio local, la pelea escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra sus contrincantes, provocando la muerte inmediata de tres personas.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní, Orlando Cuscue y Carlos Mauricio Mosquera que, según detallaron medios locales, dos de ellos presentaban antecedentes judiciales.

Mientras que los heridos fueron llevados hacia un centro hospitalario de mayor complejidad, donde su pronóstico es reservado.

Según información recopilada por el medio local Periódico Virtual, los tres lesionados del ataque fueron Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado.

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que esta es la sexta masacre que se presenta en esta región del sur occidente colombiano durante el año 2025.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el funcionario.

Además, el funcionario recordó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia, “en la que se advierte sobre el riesgo para la ciudad de Popayán por la alta presencia de bandas organizadas, muchas de ellas tercerizadas por el bloque occidental comandante Jacobo Arenas, a través del frente Jaime Martínez (Disidencias de las Farc), lo que genera una cultura mafiosa que se expresa en violencias urbanas”.

Según reportes de Indepaz, este sería la masacre número 58 que se registra en Colombia en el 2025.

Por su parte, funcionarios judiciales de la Sijín de la Policía acudieron al lugar de los hechos para avanzar con la recopilación de información sobre este nuevo hecho de violencia que enluta a la capital del Cauca, así como la identificación del responsable que acabó con la vida de las tres personas.

Ataques contra defensores indígenas en Cauca

Este nuevo hecho de violencia se suma a la denuncia realizada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en la que alertaron sobre el secuestro de dos integrantes de su Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, quienes fueron interceptados la noche del 12 de septiembre en la vía Inzá–Popayán, a la altura del municipio de Totoró.

Según la información proporcionada por la organización, los defensores fueron encañonados, amenazados y retenidos durante varias horas por hombres armados, en la que les despojaron del vehículo oficial, conocido como esquema colectivo, en el que se desplazaban.

La situación se tornó aún más crítica porque las víctimas regresaban de una misión humanitaria en Inzá, donde habían acompañado la liberación de un comunero que permaneció secuestrado durante varios días.

El Cric subrayó que “atacar a quienes realizan acciones de defensa de la vida constituye una infracción directa contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y refleja el riesgo extremo que enfrentan las comunidades y líderes sociales en el Cauca”.

Hacia las 2:30 de la madrugada del 13 de septiembre, los afectados lograron comunicarse para pedir auxilio. Ante la emergencia, la Guardia Indígena desplegó un operativo urgente que permitió rescatarlos con vida y garantizar su retorno seguro.

En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a todos los actores armados para que cesen de inmediato las agresiones contra la población civil, sus autoridades tradicionales, sus estructuras comunitarias y, en particular, contra los equipos de Derechos Humanos y la Guardia Indígena.

Además, exigió al Estado colombiano la adopción de medidas urgentes y efectivas que garanticen el respeto irrestricto a la labor de las misiones humanitarias. “El país no puede normalizar la violencia contra quienes trabajan por la vida y la paz”, expresaron en el comunicado.