El frente 36 de la disidencia de las Farc, bajo el liderazgo de alias Calarcá, ha intensificado su accionar en el noroccidente de Colombia, consolidándose como un actor central de inestabilidad en la región.
En las últimas semanas, este grupo armado ha protagonizado ataques de alto impacto, desplazamientos masivos y una expansión territorial que desafía tanto a la fuerza pública como al proceso de paz impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.
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Su capacidad de fuego y su ambición por controlar corredores estratégicos de coca y oro han elevado la tensión en zonas históricamente conflictivas, mientras la mesa de diálogo con el Estado enfrenta una presión creciente.
La escalada de violencia atribuida al frente 36 se ha manifestado en varios frentes, según un reciente informe recopilado por El Espectador. Un ataque con explosivos en Medellín evidenció la intención del grupo de proyectar su poder más allá de las áreas rurales, alcanzando escenarios urbanos.
En el municipio de Amalfi, la ofensiva contra un helicóptero del Ejército resultó en la muerte de 13 policías, un hecho que marcó un punto de inflexión en la confrontación armada y en la percepción pública sobre la amenaza que representa esta disidencia. Paralelamente, en el sur de Bolívar, la disputa territorial ha provocado desplazamientos masivos, como el registrado en Arenal, donde decenas de familias abandonaron sus hogares por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado entre el frente 36, el Clan del Golfo y el ELN.
Origen y alianzas del frente 36
El origen del frente 36 se remonta a la recomposición armada posterior al Acuerdo de Paz de 2016. Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a finales de 2017 comenzaron a rearmarse con milicianos y armamento no entregado, especialmente de los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc.
Aunque su tamaño es reducido —alrededor de 250 hombres, según estimaciones de la FIP—, el grupo ha tejido alianzas estratégicas para fortalecer su control territorial. Desde 2014, existían pactos tácitos con el Clan del Golfo, pero la expansión de este último obligó al Frente 36 a coordinarse con el ELN en los últimos años, especialmente para contener el avance paramilitar en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar. Arias explicó a El Espectador que “recientemente, lo que el ELN ha hecho es coordinar con ellos una serie de acuerdos para contener al Clan del Golfo”.
El ataque al helicóptero en Amalfi, ocurrido hace poco más de dos semanas, se convirtió en un episodio determinante. Más allá de su impacto simbólico, la acción buscó modificar la correlación de fuerzas en la región, forzando una mayor presencia militar y dificultando el avance del Clan del Golfo.
Tras el atentado, la fuerza pública abatió a cuatro presuntos responsables, entre ellos Jorge Salazar, alias Guillermino, e Iván Pérez, conocido como “Román”. Este hecho tensó aún más la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf). El comisionado de paz, Otty Patiño, sugirió la posible exclusión del frente 36 de las negociaciones, afirmación que Calarcá desmintió al asegurar que “las tres estructuras, Bloque Magdalena Medio, Bloque Jorge Briceño y el Frente Raúl Reyes, siguen en la negociación”.
La versión de “Calarcá” sostiene que el helicóptero participaba en un operativo de erradicación en medio de combates, recibió disparos, aterrizó en un campo minado y fue detonado. Sin embargo, el ELN se adjudicó el ataque, lo que expertos interpretan como una reafirmación de la alianza entre ambos grupos.
Arias considera que “es muy difícil que alguien crea que lo de Amalfi no contó con la participación del frente 36”. Esta percepción es compartida por habitantes de la región, como Isabel, una lideresa local, quien relató que desde hace meses se observa la coordinación de tropas de ambos bandos para enfrentar al Clan del Golfo: “Uno veía a unos y otros en algunos puntos donde sabían que las AGC (como también se le conoce al Clan) se estaban moviendo”, señaló a El Espectador.
Impacto en la población civil y el proceso de paz
La confrontación no ha dado tregua. Las autoridades de Antioquia responsabilizaron recientemente al frente 36 de un ataque con explosivos en Medellín, advirtiendo que la violencia se extiende más allá de las zonas rurales. En el sur de Bolívar, la situación se agravó entre el 20 de julio y el 7 de agosto, cuando un paro armado confinó a más de 7.000 personas en Santa Rosa.
Apenas la semana pasada, 500 familias fueron desplazadas en Arenal tras enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias. En esta región minera, la lucha por el control del oro ha alcanzado niveles críticos, con las AGC buscando expandirse y el frente 36, junto al ELN, intentando frenar su avance.
El impacto sobre la población civil es profundo. Los desplazamientos y confinamientos afectan tanto a comunidades rurales como urbanas, generando una crisis humanitaria que se suma a la inseguridad y la incertidumbre política, según indicaron los expertos al medio nacional.
La coordinación entre grupos armados y la disputa por corredores estratégicos han convertido a la región en un escenario de violencia persistente, donde la vida cotidiana de miles de personas se ve alterada por el temor y la inestabilidad.
Las consecuencias de estas acciones se reflejan en la mesa de diálogo. Aunque Calarcá insiste en la continuidad de las negociaciones, las operaciones del frente 36 ponen en entredicho la viabilidad del proceso de paz con el Embf, que apenas comienza a reactivarse tras meses de estancamiento.
Cada ataque erosiona la confianza y retrasa la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo, prevista para albergar al Bloque Magdalena Medio, del que forma parte el frente 36. Arias advirtió al diario que “es muy difícil que el Gobierno logre sostener la idea de que esto no afecta las negociaciones. Los hechos hablan más fuerte que los comunicados, y lo de Amalfi le restó oxígeno al proceso”.
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