Alertados por vecinos ante la presencia de varias personas realizando grafitis en fachadas de viviendas y comercios, la Policía Nacional intervino de inmediato en el barrio La Flora de San Cristóbal, sur de Bogotá, logrando la captura de tres hombres y la aprehensión de varios menores por delitos de vandalismo y daño en bien ajeno.
La actuación de las autoridades se produjo luego de que la comunidad diera aviso sobre pintadas alusivas a grupos subversivos observadas en distintos inmuebles de la zona.
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Los uniformados, que realizaban labores de patrullaje, acudieron al sitio para detener en flagrancia a quienes efectuaban los grafitis. Según detalló la Metropolitana de la ciudad, hasta el momento las investigaciones apuntan a que los involucrados formarían parte de delincuencia común que simula pertenecer a grupos delincuenciales organizados, una modalidad utilizada para desviar la atención o intimidar a la población.
Los detenidos, incluidos los menores de edad, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la definición de sus situaciones legales.
La Policía Nacional reiteró su llamado a la colaboración ciudadana destacando: “Seguimos invitando a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier tipo de hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123”, en aras de fortalecer la acción coordinada para preservar la seguridad del municipio.
Autodefensas Gaitanistas amenazaron a candidatos de partidos del Pacto Histórico, líderes y ONG
La circulación de un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha generado alarma entre los sectores políticos y sociales de los Montes de María, al establecer un plazo de 72 horas para que los candidatos de partidos de izquierda, líderes sociales y organizaciones no gubernamentales abandonen la región, bajo amenaza de ser declarados objetivo militar.
Este documento, difundido en redes sociales, ha sido motivo de alerta para el presidente Gustavo Petro, según informó el ex jefe de Despacho de la Casa de Nariño y precandidato presidencial Alfredo Saade, quien advirtió sobre la gravedad de las intimidaciones.
El panfleto, cuya autoría se atribuye a las AGC, enumera como objetivos militares a los aspirantes de partidos como Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Comunista, Partido Comunes, Unión Patriótica —todos integrantes del Pacto Histórico— y el Partido Progresistas, además de otras colectividades de izquierda.
El texto señala: “Ha llegado la hora de poner ORDEN y LIMPIEZA en esta tierra que nos pertenece. No vamos a permitir más infiltración comunista ni saboteadores de la paz que tanto ha costado construir”, según se lee en el documento amenazante.
La organización armada ilegal estableció un plazo de dos días para que los candidatos presentes en los Montes de María abandonen el territorio, advirtiendo: “Esta región no tolerará más politiqueros disfrazados de salvadores del pueblo. 72 horas para irse o asumimos consecuencias”, de acuerdo con el contenido del panfleto.
Además, las AGC afirmaron tener identificados a líderes sociales y reclamantes de tierras que, según su versión, estarían gestionando trámites ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para despojar de sus predios a “la gente de bien”. El grupo armado advirtió que no permitirá que las tierras sean adjudicadas a integrantes de guerrillas ni a quienes, según ellos, simulan ser víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.
En el mismo documento, las AGC lanzaron una amenaza directa contra quienes buscan recuperar sus tierras: “A partir de hoy, quien siga reclamando tierra será ejecutado como traidor”, una declaración que intensifica el clima de hostigamiento en la región.
Las amenazas también se extendieron a organizaciones feministas como Sisma Mujer y otras de carácter internacional, a quienes el grupo armado acusó de promover agendas que, según su perspectiva, atentan contra la moral familiar.
El panfleto advierte: “No vamos a permitir que vengan con ideologías raras a dañar la moral de nuestras familias. Lideresas que insistan en sus agendas feministas serán consideradas enemigas del orden social y serán limpiadas”. El control social impuesto por las AGC se refleja en la prohibición de cualquier reunión política o social que no cuente con su autorización previa.
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