En horas de la mañana del 11 de septiembre, circularon por medio de las redes sociales videos en los que se ve a miembros de la comunidad de Ipiales, departamento de Nariño, ejecutando un intento una asonada en contra de tropas del Ejército Nacional que realizaba operativos en contra del contrabando.
La situación se desencadenó luego del decomiso de una mercancía.
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El Ejército le confirmó a Infobae Colombia que los hechos se tuvieron lugar en horas de la tarde del miércoles 10 de septiembre, dueños de establecimientos comerciales de la ciudad arremetieron contra las Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.3 en la diligencia en la que fueron inspeccionadas viviendas de comerciantes donde escondían mercancía ilegal.
La institución confirmó que un uniformado resulto herido en medio de los hechos con un objeto contundente.
En las imágenes de video que quedaron como prueba del difícil momento de tensión entre la comunidad y los soldados, se ve como partes del asfalto están en llamas, mientras algunos de los hombres se ponen en posición con sus fusiles en un posible intento de ataque.
En medio de los gritos, la comunidad enviaba mensajes a sus compañeros para intentar atacar a las tropas.
Intento de asonada en contra del Ejército en Putumayo dejó un civil herido
En medio de las recientes operaciones militares contra la minería ilegal en el departamento de Putumayo, un incidente generó alarma tanto entre la población civil como en las filas del Ejército Nacional. La tensión se evidenció en videos que circularon en redes sociales, donde se puede escuchar a un hombre amenazar a los soldados mientras otros los persiguen y hostigan, exigiendo la entrega de sus armas con frases como: “Le quitamos el fusil gonorrea”, según se observa en las grabaciones divulgadas en plataformas digitales.
La intervención del Ejército, en cabeza de unidades de la Sexta División, tenía como objetivo principal frenar las actividades ilícitas vinculadas a la explotación minera no autorizada en Puerto Guzmán. Sin embargo, la resistencia por parte de un grupo de ciudadanos—que, de acuerdo con Blu Radio, habrían sido instrumentalizados por organizaciones armadas ilegales—derivó en un ambiente de hostilidad creciente.
Los militares, al verse superados en número por al menos dos centenares de personas y ante el temor a ser secuestrados, optaron por realizar disparos al suelo en señal de advertencia, como mecanismo de defensa.
Este enfrentamiento produjo al menos un civil herido, circunstancia que provocó una respuesta inmediata de las fuerzas armadas. Según reportó Noticias RCN, las tropas organizaron el traslado urgente del herido hacia la capital del departamento para garantizar la atención médica necesaria y, paralelamente, notificaron los hechos al comandante del Ejército Nacional.
La situación evidenció el grado de exposición y vulnerabilidad en que se encuentran los uniformados durante operativos en zonas con fuerte influencia de economías ilegales y presencia de actores armados.
Durante 2025 se registra un aumento de la violencia dirigida contra soldados y policías en Colombia. Entre enero y junio, se reportan 414 ataques contra la Fuerza Pública, con un saldo de 81 uniformados muertos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Este incremento obedece en parte al denominado “plan pistola”, la ausencia de avances significativos en procesos de paz y el recurso reiterado de los grupos armados a tácticas más letales.
Uno de los incidentes más graves ocurre el 21 de agosto de 2025, cuando disidentes del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) derriban un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, mientras realizaba labores de erradicación de cultivos de coca. Este ataque deja 13 policías fallecidos y varios heridos.
El 27 de abril, en San José del Guaviare, una emboscada atribuida a la estructura John Linares, disidencias de las FARC-EP, provoca la muerte de 7 militares y el secuestro de 6 más, quienes son liberados horas después.
Grupos armados ilegales diversifican sus métodos. Destaca el uso intensivo de drones para lanzar explosivos, con ataques registrados en los municipios de López de Micay, El Patía y Argelia, en el Cauca. Según el Ministerio de Defensa, los ataques con drones contra la Fuerza Pública duplican las cifras respecto al mismo periodo de 2024.
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