Al defender la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la investigación por una posible integración empresarial no notificada entre Caracol Radio y Canal 1, la superintendente Cielo Rusinque calificó como “ignorancia” las críticas lanzadas en su contra y rechazó las acusaciones de persecución a la prensa.
Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que figuras como la representante a la Cámara Cathy Juvinao la señalara abiertamente por este proceso y por su presunta responsabilidad en la liquidación de aerolíneas de bajo costo en el país.
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La polémica se agudizó cuando, a través de sus redes sociales, Juvinao expresó: “Los mismos negligentes que nunca sancionaron la integración irregular de Avianca y Viva Air, aún a pesar del evidente perjuicio para los usuarios, ahora se dispone a perseguir a los medios de comunicación. Un doble racero que huele a autoritarismo. Qué peligro”, según sus declaraciones en X.
Frente a estas acusaciones, Rusinque contestó señalando: “Lo realmente peligroso, representante Juvinao, es la ignorancia que se disfraza con poses de rigor intelectual para difundir mentiras con intenciones oportunistas y demagógicas”.
La funcionaria añadió que el caso de Avianca y Viva Air fue resuelto antes de su llegada y defendió que durante su administración, la SIC recibió 30.890 demandas relacionadas con Viva Air y Ultra Air, habiendo finalizado el 99% de estas, lo cual, según sus palabras, “devuelve a la ciudadanía un real acceso a la justicia”. Rusinque también recordó que bajo su liderazgo la SIC sancionó a Avianca por infracción al régimen de libre competencia.
En cuanto al proceso contra Caracol Radio y Canal 1, Rusinque señaló que la formulación de un pliego de cargos no equivale a una condena. “Esto lo sabe hasta un estudiante mediocre de primer semestre de derecho”, aseguró, indicando que las instancias de defensa y el derecho a presentar pruebas permanecen abiertas para los investigados.
Relativizó así cualquier afectación a la libertad de prensa, resaltando que el verdadero riesgo para la democracia radica en deslegitimar el trabajo de los órganos de control.
El contexto del caso refiere a que, tras recabar prueba en múltiples visitas administrativas y solicitudes de información, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC decidió abrir pliego de cargos contra Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. y Plural Comunicaciones S.A.S. (Canal 1) por presunta infracción al régimen de libre competencia económica.
De acuerdo con los hallazgos, las empresas habrían suscrito varios acuerdos entre agosto de 2024 y febrero de 2025, incluyendo una ‘Carta de Intención’ y contratos que, según la SIC, transfirieron a Caracol Radio la influencia principal sobre los contenidos y la pauta publicitaria de Canal 1.
El 1 de octubre de 2024 habría comenzado la ejecución efectiva de estos contratos: en los horarios de mayor audiencia de Canal 1, que representaron entre el 70% y el 90% de la programación diaria, se transmitieron contenidos de Caracol Radio durante al menos 16 horas diarias. Directivos de ambas compañías incluso manifestaron en programas: “vamos a ser uno solo” al referirse a la alianza entre ambas casas mediáticas.
Según la información oficial, aunque Caracol Radio y Canal 1 reportaron a la SIC ciertos proyectos de integración en septiembre de 2024 y febrero de 2025, estos reportes no se correspondían con la integración materializada, resultando también extemporáneo el trámite de febrero. Esto constituyó, para la SIC, un incumplimiento de la obligación legal de notificar previamente cualquier integración que ya se hubiera ejecutado.
Las consecuencias legales podrían incluir sanciones económicas relevantes tanto para personas jurídicas como naturales involucradas: la multa para las empresas podría alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (equivalentes a 142.350 millones de pesos); para personas naturales la cifra asciende a hasta 2.000 salarios mínimos (2.847 millones de pesos).
La investigación, por tanto, involucra tanto a Caracol Radio y Canal 1 como a algunos de sus directivos, quienes habrían participado en la celebración y ejecución de contratos asociados a la supuesta integración empresarial que, según la SIC, fue implementada sin el debido aviso legal previo.
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