Al conocerse que el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal del restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en la calle 82 de Bogotá, tras identificar condiciones que representan un riesgo para la seguridad de los empleados, el concejal de Bogotá Daniel Briceño se pronunció.
La decisión se produjo luego de una inspección realizada el 9 de septiembre, días después de que al menos diez personas resultaran heridas en el establecimiento.
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Las autoridades laborales recibieron más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional.
El ministro Antonio Sanguino detalló: “Luego de la inspección realizada al establecimiento Andrés Carne de Res en Bogotá, hemos verificado las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo, determinando que existe un riesgo inminente para la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras en la zona de preparación de alimentos”.
La decisión del ministerio hizo que Daniel Briceño se pronunciara atacando al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionándole del porqué no ha cerrado el fruver del representante del Pacto Histórico David Racero.
“¿Por qué el ministro @AntonioSanguino nunca fue a cerrar el fruver de su amigo David Racero donde se explotan mujeres y se usan asesores del Congreso para atender las necesidades del Representante?“, señaló el concejal.
El pronunciamiento de Briceño hace alusión a una noticia donde afirmaban que el Ministerio de Trabajo adelantaba una investigación en contra de un negocio de David Racero en el sur de Bogotá.
Ministerio de Trabajo investiga a David Racero por denuncias laborales en su negocio familiar
El Ministerio del Trabajo adelanta una investigación administrativa contra el representante a la Cámara David Racero, miembro del Pacto Histórico, tras denuncias laborales relacionadas con su negocio familiar ubicado en el sur de Bogotá.
La pesquisa se concentra en la oferta y condiciones de una vacante en el establecimiento “La Cosecha del Campo”, gestionado por el congresista en 2020.
Según la Dirección Territorial de Bogotá abrió el proceso a finales de mayo de 2025, luego de que se hicieran públicas las condiciones laborales ofrecidas en la tienda.
La convocatoria para el cargo de cajero incluía funciones adicionales como el aseo y la preparación de pulpas de fruta, una jornada de 13 horas al día durante seis días a la semana y un salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales.
El caso se fundamenta en audios y reportajes periodísticos donde, presuntamente, Racero promovía la vacante. Inspectores de trabajo y seguridad social recopilaron este material probatorio para avanzar con la investigación.
El procedimiento cobra relevancia al sumarse a otros casos investigados por el Ministerio que involucran a funcionarios o figuras públicas.
Entre los antecedentes figura el caso de Laura Sarabia, exjefa de gabinete y excanciller, señalada por presunto incumplimiento de obligaciones laborales. Al igual que en el caso de Racero, la investigación fue liderada desde una dirección territorial, en un contexto de cambios recientes dentro del Ministerio.
La notificación oficial al representante Racero se realizó en junio de 2025 por correo institucional.
El procedimiento incluyó la posibilidad de efectuar visitas sorpresa al establecimiento, aunque estas fueron suspendidas hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre una investigación paralela.
Este alto tribunal analiza si el parlamentario habría destinado labores propias de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a actividades de su local, como el transporte de víveres. Un conductor de la UTL, implicado en este hecho, ya rindió declaración ante las autoridades.
Consultado por la revista Semana, Racero indicó: “La investigación la abrió de oficio el Ministerio y he podido responder cabalmente, sobre todo aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar. He estado atento a todo tipo de requerimiento, yo mismo he solicitado que se investigue ante las diferentes instancias”.
Desde que la controversia ganó visibilidad, el representante aseguró que solo dará declaraciones frente a los organismos competentes y responsabilizó las acusaciones de lo que calificó como un “linchamiento político”. Explicó además que la tienda fue un negocio familiar que funcionó por cinco meses y cuya clausura se debió a los efectos económicos de la pandemia.
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