El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, se presentó este miércoles 10 de septiembre de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en el proceso que investiga posibles actos de corrupción.
El expediente en cuestión involucra a seis legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes habrían gestionado proyectos a cambio de apoyar la aprobación de créditos estatales.
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Durante la diligencia, la defensa de López tiene previsto entregar al magistrado Misael Fernández material probatorio que, según sostiene, compromete al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla con la red de irregularidades detectada.
Según la información conocida, Bonilla está señalado por supuestamente intentar sobornar a varios congresistas durante su gestión. Las pruebas entregadas a la Corte incluyen evidencia documental que vincularía al exministro con maniobras para influir ilegalmente en procesos legislativos.
Entre los testigos mencionados en la investigación figuran el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El caso, que involucra presuntos sobornos y manejo irregular de recursos públicos, se enmarca en un escándalo de corrupción que alcanza a altos funcionarios y exdirectivos de la Ungrd.
Cabe destacar que el testimonio de López cobra relevancia en medio de recientes denuncias sobre el manejo de recursos públicos y la destinación de proyectos con fines políticos.
Carta de López a la Corte Suprema de Justicia: “He sido objeto de intentos de soborno”
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, manifestó nuevamente su disposición para colaborar con la Corte Suprema de Justicia en el proceso que investiga presuntos casos de corrupción dentro de esa entidad estatal.
A través de una carta dirigida al alto tribunal, López expresó su intención de aportar información relevante para esclarecer los hechos bajo investigación.
En el documento, el exfuncionario precisó que su colaboración está sujeta a las condiciones legales todavía vigentes, dado que el preacuerdo planteado con la Fiscalía General de la Nación no ha sido aprobado hasta el momento.
“He sido objeto de soborno con el propósito de guardar silencio o modificar mis declaraciones. En concreto, me fue ofrecida la suma de diez mil millones de pesos con el fin de alterar la verdad procesal”, dijo.
Por esta razón, López anunció que, mientras no exista un acuerdo formal, evitará emitir declaraciones ante la Corte Suprema que puedan comprometerlo o generar alguna forma de autoincriminación.
Olmedo López afirmó que el presidente Petro lo llamó “traidor de la izquierda”
En esa misma carta, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, afirmó que enfrenta graves riesgos para su seguridad personal luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera señalamientos públicos en su contra.
López actualmente procesado y capturado por hechos relacionados con un escándalo de corrupción, sostuvo que el jefe de Estado lo calificó como “traidor de la izquierda” durante una alocución presidencial.
Según la versión de López, este calificativo equivale a haberle puesto “precio a su cabeza” y lo dejó en una situación de vulnerabilidad.
“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de ‘traidor de la izquierda’, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza”, declaró el exfuncionario.
Pese a haber manifestado su deseo de continuar el proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, López comunicó que mantendrá silencio ante algunas autoridades hasta que existan condiciones adecuadas de seguridad. Esta determinación incluye aplazar declaraciones ante organismos como la Corte Suprema de Justicia.
La carta enviada busca demostrar el compromiso de López con el avance de las indagaciones judiciales, pero también pone de manifiesto su interés en preservar sus garantías procesales mientras se define su situación jurídica.
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