Heyck Puyana, magistrada de la Sección de Revisión de la JEP, presentó la denuncia a título personal con fundamento en el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014). En el documento, solicita que se apliquen los mecanismos legales previstos en la norma para impedir que empresas con operaciones en Colombia sigan beneficiándose de actividades que, según la denuncia, apoyan la comisión de crímenes internacionales.
“La Fiscalía debe activar sus competencias en materia de extinción de dominio, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014, frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas atrás mencionadas y las demás que corresponda del informe, que apoyan la comisión de crímenes internacionales, las cuales, como lo denuncia la relatora de Naciones Unidas, se están lucrando del genocidio contra el pueblo palestino, lo que ha llevado a que el genocidio continúe”, señaló Heyck en la denuncia conocida por Blu Radio.
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El documento cobra especial relevancia porque no se trata de una acción penal contra personas naturales, sino de una medida patrimonial orientada a afectar los recursos económicos de compañías que, directa o indirectamente, tendrían relación con el financiamiento de la ocupación y destrucción de territorios palestinos.
Entre las compañías mencionadas se encuentran dos de las principales multinacionales dedicadas a la extracción de carbón en Colombia: Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia. Sin embargo, la lista no se limita al sector minero. Según la denuncia, también involucra empresas de maquinaria pesada, tecnología, transporte, banca y seguros, que habrían tenido algún grado de participación en las operaciones señaladas en el informe de la ONU.
Este listado tiene como base el documento elaborado por Francesca Albanese, relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, titulado “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”, publicado el 30 de junio de 2025.
El informe detalla cómo ciertos sectores económicos globales, incluyendo industrias extractivas, empresas tecnológicas y fondos financieros, sostienen la ocupación y la violencia en Gaza y otros territorios palestinos.
Del narcotráfico al genocidio: una analogía legal
Heyck Puyana comparó el fenómeno actual con la lucha que Colombia libró contra el narcotráfico, que en su momento motivó la creación del Código de Extinción de Dominio como herramienta para combatir organizaciones criminales con operaciones transnacionales.
“Si años atrás el fenómeno delincuencial del narcotráfico inspiró el diseño y aprobación del Código de Extinción de Dominio para contrarrestar este flagelo que atenta contra la salud pública y es uno de los negocios transnacionales más lucrativos del planeta, que claramente traspasa las fronteras de los Estados; el genocidio contra el pueblo palestino, como crimen que concierne, ofende y degrada la humanidad, debe llevar también a su aplicación en Colombia”, enfatizó Heyck.
Para la magistrada, la misma lógica debe aplicarse a las empresas que se lucran de crímenes como el genocidio. “Se trata de impedir que en este país y en otros que sigan su ejemplo, especialmente en aquellos que tienen mecanismos legales como la extinción de dominio, las empresas se sigan lucrando impunemente de su comisión”, añadió.
Sobre el informe de la ONU
El informe presentado por Francesca Albanese describe una estructura económica global que sostiene la ocupación israelí en Palestina. Denomina a esta dinámica como “Capitalismo racial colonial”, en el que los intereses corporativos se alinean con políticas estatales para explotar territorios y poblaciones, tal como ocurre en Gaza.
El listado de las empresas y sectores señalados son:
- Industria militar: Elbit Systems, Lockheed Martin, Israel Aerospace Industries.
- Tecnología y vigilancia: NSO Group (creadora del software Pegasus), Microsoft, Amazon, Google.
- Maquinaria pesada y construcción: Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan.
- Extractivas: Drummond, Glencore, Chevron, BP.
- Financieras: BlackRock, Vanguard Group, BNP Paribas, Barclays, Allianz.
- Turismo y comercio: Airbnb, Booking Holdings, Carrefour.
El informe detalla las violaciones de derechos humanos y de normas internacionales en las que habrían participado estas corporaciones desde 1967. Entre ellos, la violación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, la anexión ilegal de territorios, el mantenimiento de ocupaciones militares y crímenes de agresión asociados y crímenes de apartheid y genocidio.
Además, denuncia que la población palestina ha sido sometida a un encierro territorial y despojo de sus recursos, creando una economía dependiente donde los habitantes se ven obligados a consumir productos de las mismas empresas responsables de la ocupación.
Un llamado a la responsabilidad
Heyck concluye su denuncia apelando a la responsabilidad ética y legal de las instituciones y los Estados frente a crímenes de esta magnitud: “Con la presente denuncia pretendo honrar los postulados establecidos en la Convención contra el Genocidio, que ubica en cabeza, no solo de los Estados, sino de las instituciones, autoridades y de todas las personas, la obligación de adoptar y promover medidas que estén al alcance para prevenir, sancionar e impedir un genocidio como el que hoy en día acontece ante los ojos de la humanidad entera”.
Si la Fiscalía avanza con el proceso, este caso podría convertirse en un precedente histórico en Colombia, vinculando la extinción de dominio a la lucha contra crímenes internacionales.
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