Nueva medida del Gobierno Petro hará que los colombianos asuman este precio en la factura de energía

El 25 de agosto de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Hacienda, publicó para comentarios un decreto en el que se propone incrementar en un 20% el costo de la energía eléctrica en diferentes actividades económicas. Con este se buscan recaudar recaudar $1,2 billones, como parte de la regulación de los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 2° de la Ley 1430 de 2010.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostiene que la medida responde a la necesidad de “mejorar la eficiencia del gasto tributario orientando las exenciones tributarias derivadas del artículo 2 de la Ley 1430 de 2010 a los usuarios que hacen parte del sector industrial quienes deben ser los beneficiarios de la medida”.

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De igual forma, el documento justifica la expedición del decreto en medio de un déficit creciente en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, que, según datos oficiales, aumentó tanto en términos reales como en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2005 y 2024.

Por supuesto, la propuesta, que excluye a los manufactureros, generó una fuerte reacción de diferentes agremiaciones. Esto, debido a que el impacto económico de la medida sería inmediato para las empresas afectadas. Según el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, una empresa que en la actualidad paga una factura de $1.000.000 por consumo de energía eléctrica pasaría a desembolsar $1.200.000, lo que representa un incremento del 20% en su costo energético.

Incapacidad regulatoria para establecer tarifas

Ahora, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), en una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, calificó la medida como una muestra de la incapacidad regulatoria para establecer tarifas justas y advirtió sobre sus efectos negativos en la competitividad del país.

El gremio, que agrupa a los principales consumidores industriales y comerciales de energía eléctrica y gas natural y que tiene como directora ejecutiva a Sandra Fonseca, sostiene que la iniciativa es regresiva y terminará afectando a todos los consumidores. Según Asoenergía, el incremento de la contribución impactará a las empresas involucradas de manera directa y se trasladará también a los precios de los productos, lo que repercutirá en la economía de los ciudadanos.

Fonseca enfatizó que “la intención del Gobierno de aumentar en 20% la contribución de los usuarios industriales, diferentes a los manufactureros, es una manifestación de la incapacidad regulatoria, de determinar tarifas justas”.

Costo unitario de la energía

El análisis presentado por la asociación revela que el costo unitario promedio de la energía eléctrica en Colombia experimentó un aumento importante en los últimos años. En 2020, el valor era de $491,7 el kilovatio (kWh), mientras que para 2025 se proyecta en $789,46 kWh, lo que representa una variación del 60,5%. Dicho incremento tuvo un efecto directo en los subsidios que la Nación destina a los estratos 1, 2 y 3, que pasaron de $2,8 billones en 2020 a $5,1 billones en 2025.

La organización argumenta que el crecimiento desproporcionado de las tarifas es el verdadero problema de fondo y que, aunque no se hayan modificado las contribuciones, estas también aumentaron debido al impacto de la tarifa en el costo base de su cálculo.

Competitividad de las empresas colombianas

La directora ejecutiva de Asoenergía resaltó que la medida, de ser aprobada por el Congreso de la República, tendría consecuencias graves para la competitividad de las empresas colombianas. Y es que Colombia se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con los costos de energía más altos para la industria, con USD0,213 por kWh, con lo que supera el promedio regional de USD0,150 por kWh y quedando en desventaja frente a competidores como Brasil (USD0,115 por kWh), Perú (USD0,136 por kWh) y Argentina (USD0,103 por kWh).

Fonseca advirtió que “reducirá la competitividad de la industria del país de cara a las exportaciones y de igual manera a las importaciones de productos más baratos provenientes de países como China, Rusia, Perú y Turquía”.

Ante este panorama, Asoenergía solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que ajuste de inmediato la fórmula tarifaria, cumpla con los periodos establecidos, aplique criterios de eficiencia, exija inversiones oportunas y haga los ajustes económicos necesarios para que los subsidios disminuyan. La organización considera que decisiones “irreflexivas como esta solo retrasan el crecimiento del país y hacen que se pierda el camino ya recorrido en incentivos a los inversionistas para crear empresa en nuestro país, aumentar la productividad y fomentar el empleo”.