Caso Nicolás Petro: designan fiscal de apoyo tras anunciar nueva imputación de cargos

La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, decidió asignar una fiscal de apoyo para el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, mientras avanza un proceso paralelo por presuntas irregularidades en la contratación cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.

La determinación se dio a conocer mediante la resolución número 33 del 8 de septiembre, y coincide con la radicación de una nueva imputación de cargos en su contra por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La resolución señala que la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideró pertinente designar a la fiscal María Isabel Ramírez Meléndez como apoyo en el proceso. La decisión argumenta que la carga laboral, las necesidades administrativas y el principio de celeridad en la administración de justicia motivaron la medida.

El texto agrega que la fiscal Ramírez Meléndez había sido asignada previamente, en mayo de este año, como delegada para las Finanzas Criminales. “La disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal, nos conducen a la implementación de estrategias que permitan cumplir estos objetivos”, se lee en el documento.

La fiscal Lucy Laborde, que lidera el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, ha tomado decisiones clave en los últimos meses. En marzo de 2025 solicitó la citación de varios testigos relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

En junio, durante una audiencia, se presentó un cruce de posiciones entre la defensa de Petro Burgos y la fiscal. El hijo del presidente participó de manera virtual, argumentando que atendía el “principio de prevención” por la situación que atraviesa el país. Sin embargo, la fiscal Laborde respondió: “El señor Nicolás Petro tiene vigente una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que está vigente, por lo que persiste la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales cuando se le requiriera”.

Añadió que no podía decidir por cuenta propia si asistir o no de manera presencial: “No es tan del todo cierto que el señor Nicolás Petro pueda a su libre albedrío, o el de su defensa, dejar de asistir a las audiencias presenciales, máxime cuando su señoría manifestó que todos deberíamos acudir presencialmente”.

En respuesta, Nicolás Petro cuestionó la postura de la fiscal y señaló que existía un trato desigual frente a otros implicados. “Yo siempre he estado presente en todas estas audiencias que se han convocado. Me sorprende sobremanera el doble rasero que aplica conmigo, pero en el otro caso con la señora Daysiurs Vásquez Castro, que ni siquiera asiste a la audiencia, no dice nada”, dijo durante la diligencia judicial.

Nuevo proceso por contratos

A los procesos en curso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se suma ahora una nueva investigación. La Fiscalía radicó ante un juzgado de Barranquilla la imputación de cargos contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en la contratación pública durante su periodo como diputado del Atlántico.

De acuerdo con la información conocida, el caso involucra cinco contratos por un valor superior a $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente. Estos convenios estaban destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero, según el ente investigador, nunca fueron ejecutados.

La Fiscalía sostiene que el hijo del presidente habría ejercido influencia o presión para la celebración de los contratos. En paralelo, el ente acusador pedirá que Nicolás Petro sea cobijado con medida de aseguramiento intramural, lo que significaría que sería enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso.