Gobernador de Antioquia insistió en autoría de las disidencias en atentado en Amalfi y habló de alianza entre grupos armados

Un video divulgado el 4 de septiembre de 2025, en el que guerrilleros del frente Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyen el ataque en Amalfi (Antioquia) que dejó 13 policías muertos y un helicóptero Black Hawk derribado, reactivó la controversia sobre la autoría de estos crímenes contra la fuerza pública.

La reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue inmediata: el mandatario insistió en la responsabilidad de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá y aprovechó para cuestionar la política de Paz total impulsada por el Gobierno nacional.

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En la grabación, dos miembros del ELN, vestidos con camuflaje y distintivos del grupo, afirmaron que la organización ejecutó “diferentes acciones militares” contra “establecimientos paramilitares y de las fuerzas militares”, y especificaron que en la vereda Los Toros atacaron una unidad policial con saldo de 13 agentes muertos, cuatro heridos y la destrucción de un helicóptero.

El mensaje, además de adjudicarse el atentado, incluye un llamado a la población antioqueña para que denuncie cualquier “hecho que atente contra la vida y la tranquilidad de la población a través de nuestras diferentes redes sociales”.

Tras la aparición de la grabación, el gobernador Rendón reiteró su postura: según él, existen pruebas en poder de los investigadores que señalan a las disidencias de las Farc como responsables tanto de la muerte de los policías como del derribo del helicóptero.

“Las pruebas no mienten y están en poder de los investigadores: disidencias Farc de Calarcá fueron los responsables del asesinato de 13 Policías en Amalfi y el derribamiento de un helicóptero Black Hawk”, sostuvo el mandatario, vía X.

Acusaciones sobre alianzas criminales y beneficios a “Calarcá”

Rendón fue más allá al denunciar la existencia de una supuesta alianza entre bandas criminales para garantizar la permanencia de Calarcá en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, a pesar de que, en sus palabras, se trata de uno de los principales narcotraficantes del país.

“Un capo del narcotráfico tratado como un angelito por el Gobierno Nacional”, escribió el gobernador, que también aseguró que la estructura criminal bajo el mando de Calarcá ha sido responsable de la mitad de los asesinatos de soldados y policías en Antioquia.

El gobernador detalló los beneficios que, según él, ha recibido Calarcá por parte del Gobierno: suspensión de órdenes de captura y de extradición, libertad tras ser detenido en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia portando armas, municiones, dinero y oro, así como la asignación de una zona de ubicación y concentración.

Rendón calificó estas medidas como "una muestra de generosidad hacia los criminales", en contraste con la situación de los miembros de la fuerza pública y sus familias.

Críticas a la política de Paz total y detalles del ataque

Las críticas del mandatario antioqueño se dirigieron también a la política de Paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.

Rendón cuestionó la falta de respuesta a sus solicitudes de refuerzo de seguridad y asistencia militar, enviadas previamente al Ministerio de Defensa ante la escalada de violencia en la región. “No hubo respuesta, así como no la ha habido con la solicitud de asistencia militar. ¿Por qué nos dejan en visto? Si es que la seguridad de los colombianos y los antioqueños no es un asunto ideológico”, expresó el gobernador.

El ataque al helicóptero, ocurrido el 21 de agosto, se produjo cuando la aeronave y otra unidad policial llegaron a la zona para desplegar personal encargado de labores de erradicación terrestre. Durante la operación, un dron modificado con explosivos habría impactado el helicóptero, provocando una explosión que desestabilizó el vuelo y causó su caída.

Para el gobernador, la diferencia entre el trato otorgado a los responsables de la violencia y la situación de los miembros de la fuerza pública y sus familias resulta insostenible, especialmente cuando estos últimos enfrentan las consecuencias más dolorosas de la escalada armada en el departamento.