
El debate sobre el futuro del servicio de energía en la región Caribe volvió a estar en el centro de la discusión pública.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó una propuesta que podría marcar un giro en la administración del sistema eléctrico, al plantear la liquidación de la empresa Air-e y sugerir que la operación sea asumida por la generadora Gecelca.

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En declaraciones citadas por W Radio, el ministro explicó que la medida se encuentra bajo análisis del Gobierno, en respuesta a las crecientes quejas de usuarios por fallas en el suministro y elevados costos.
“Estamos evaluando escenarios jurídicos y técnicos para definir cuál es la mejor salida a la crisis del servicio de energía en la Costa Caribe”, aseguró Palma, dejando claro que la liquidación de Air-e es una de las alternativas sobre la mesa.
La empresa Air-e, que desde el año 2020 reemplazó a Electricaribe como operador en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha sido objeto de constantes críticas por parte de comunidades, autoridades locales y congresistas de la región, quienes han señalado deficiencias en la continuidad del servicio, además de tarifas que resultan difíciles de pagar para gran parte de los hogares.

El ministro Palma insistió en que cualquier decisión debe atender tanto a la viabilidad financiera del sistema como a la necesidad de garantizar un suministro confiable y accesible. En este sentido, la opción de que Gecelca —empresa generadora con amplia presencia en la región— asuma un rol protagónico, busca aprovechar su capacidad instalada y su conocimiento del territorio.
“Lo que proponemos es que una compañía pública, con experiencia en la generación y operación, pueda asumir de manera transitoria la prestación del servicio. Una de las posibilidades es Gecelca, que tiene la infraestructura y el músculo necesario para enfrentar este reto”, señaló el ministro en los micrófonos de W Radio.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, la liquidación de Air-e implicaría un proceso administrativo y judicial complejo, pues se deben revisar los contratos de concesión, los compromisos financieros de la empresa y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Palma afirmó que el Gobierno tiene la obligación de encontrar una salida que no sacrifique la calidad del servicio ni el bolsillo de los usuarios.

Las declaraciones del ministro se dieron en un contexto de creciente inconformidad en la Costa Caribe. Alcaldes y gobernadores de los departamentos afectados han reiterado la necesidad de una solución estructural a la crisis eléctrica. Los mandatarios han insistido en que la región no puede seguir cargando con las consecuencias de una operación que consideran ineficiente.
Por su parte, líderes gremiales de Atlántico y Magdalena han advertido que las fallas en el servicio impactan directamente la competitividad de la región, pues las interrupciones de energía afectan la actividad de industrias, comercios y pequeñas empresas.
El Gobierno también evalúa la posibilidad de que el Estado tenga un papel más activo en la prestación del servicio eléctrico en la región. En este punto, el ministro Palma recordó que el acceso a la energía es un derecho esencial y que no puede estar condicionado únicamente a criterios de rentabilidad empresarial.
“Estamos hablando de la calidad de vida de millones de personas. No es un tema menor ni técnico, es un asunto de equidad y justicia territorial. Por eso debemos buscar una fórmula que permita estabilizar el sistema”, enfatizó Palma.
En paralelo, desde el Congreso algunos parlamentarios han pedido que se cite a debate de control político para discutir la propuesta de liquidación de Air-e y evaluar las alternativas que el Gobierno estudia. Legisladores de la región Caribe han insistido en que la ciudadanía debe ser escuchada y que cualquier decisión debe tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios.
La propuesta de entregar la operación a Gecelca también ha generado discusión. Algunos analistas señalan que, si bien la empresa tiene experiencia en la generación, asumir la distribución y comercialización representaría un desafío de gran magnitud. Otros sectores, en cambio, consideran que podría ser la oportunidad de que una entidad con participación estatal garantice mejores condiciones que las ofrecidas hasta ahora por Air-e.
En los próximos meses, el Ministerio de Minas y Energía deberá presentar un plan concreto con las acciones a seguir. Mientras tanto, los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira continúan a la espera de una solución definitiva que ponga fin a años de dificultades en la prestación del servicio eléctrico.
El ministro Edwin Palma concluyó que la prioridad del Gobierno es ofrecer un servicio estable, eficiente y justo. “No podemos seguir con la situación actual. Estamos en la obligación de actuar con decisión y responsabilidad”, afirmó en W Radio, reiterando que la liquidación de Air-e es solo una de las posibilidades en estudio.
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