Miles de menores de edad en el país podrán acceder de manera más rápida a los recursos de su manutención tras la sanción presidencial de la Ley Sarita, una reforma legal que modifica el Código General del Proceso para agilizar la entrega de fondos embargados en procesos de alimentos.
Esta nueva normativa, impulsada por el Partido Conservador, avalada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Gustavo Petro, busca eliminar los prolongados retrasos judiciales que durante años han afectado el acceso oportuno a la cuota alimentaria de niños, niñas y adolescentes en el país.
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La Ley Sarita introduce cambios sustanciales en la legislación vigente. Elimina el parágrafo 2º del artículo 397 del Código General del Proceso y crea el artículo 397A, permitiendo que los representantes legales de los menores, el Ministerio Público, el defensor de familia o la persona encargada de su cuidado puedan iniciar acciones en procesos de alimentos, sin afectar afectar la obligación alimentaria.
De acuerdo con la nueva norma, en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, los jueces de familia tendrán la facultad de autorizar la entrega anticipada de los títulos judiciales embargados, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva. Hasta ahora, los recursos quedaban retenidos en el Banco Agrario del juzgado correspondiente hasta la conclusión del litigio, lo que podía demorar varios años.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, el procedimiento judicial implicaba que, cuando un juez ordenaba el embargo del salario o pensión de un progenitor moroso, los fondos se depositaban en forma de títulos judiciales y permanecían bloqueados hasta que se dictara sentencia.
Esta situación generaba que los menores afectados no pudieran disponer de los recursos necesarios para su sustento durante largos periodos, vulnerando su derecho al mínimo vital y perpetuando una problemática estructural en el sistema de justicia de familia.
El caso que inspiró la Ley Sarita
El caso de Sara Guiselle, una niña cen condición de discapacidad que debió esperar más de un año y medio para recibir los recursos embargados que le correspondían, se convirtió en el símbolo de esta reforma.
Su historia, marcada por la urgencia y la necesidad insatisfecha, sensibilizó a la ponente del proyecto y motivó la creación de la Ley Sarita, que busca evitar que otros menores enfrenten situaciones similares.
Expertos en derecho de familia destacaron el alcance de la nueva normativa. Jimmy Jiménez, abogado especializado en la materia, citado por El Nuevo Siglo, señaló que la Ley Sarita representa “un cambio estructural en los procesos de alimentos en Colombia”, ya que por primera vez los jueces podrán ordenar la entrega anticipada de los fondos embargados, garantizando el cumplimiento real y oportuno de la obligación alimentaria.
Jiménez destacó que la norma protege directamente el interés superior del menor y resuelve un vacío legal que durante años generó injusticias. Por su parte, la senadora Liliana Bitar, promotora del proyecto y miembro del Partido Conservador, impulsó la modificación de los procedimientos legales para que la ley tenga un carácter restaurativo y no retardante, permitiendo que la entrega de dinero en demandas por alimentos se realice de manera más rápida y efectiva.
La Ley Sarita también incorpora mecanismos de control y seguimiento. Los jueces estarán obligados a entregar de forma sucesiva y permanente los valores embargados para cubrir la cuota alimentaria, incluso durante el trámite del proceso judicial.
Además, la normativa establece la obligación de publicar informes semestrales sobre el cumplimiento de estas disposiciones y prevé investigaciones disciplinarias para los funcionarios judiciales que retrasen la entrega de los recursos, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficacia en la aplicación de la ley.
Se estima que más de 55.000 procesos judiciales ejecutivos de alimentos activos en el país podrían beneficiarse directamente de esta reforma, permitiendo que los menores de edad reciban de manera inmediata los recursos necesarios para su sustento. Esta cifra refleja la magnitud del problema que la Ley Sarita busca resolver y el impacto potencial en la vida de miles de familias.
El proceso legislativo que dio origen a la Ley Sarita contó con la participación activa del consultorio jurídico de la Universidad Militar, que, al identificar el alto volumen de casos similares en todo el país, propuso la actualización de la norma.
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