Tras formalizarse la acusación en su contra por el presunto desvío de fondos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sandra Liliana Ortiz Nova enfrenta el proceso sin el respaldo de su abogado defensor.
El jurista Oswaldo Medina comunicó su renuncia tras la audiencia del lunes 1 de septiembre, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó los cargos en su contra.
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Según el abogado, la decisión se toma con el propósito de cambiar la estrategia de defensa por parte de la acusada, por lo que prefirió apartarse de la exconsejera.
“Concluida la audiencia de acusación, consideré que es bueno que el proceso que se sigue contra ella tenga nuevas ideas, quedamos en buenos términos, y espero que pueda salir adelante”, señaló el jurista en diálogo con Semana.
Ortiz Nova, quien fue consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, está procesada por supuestamente haber actuado como “mensajera” en la entrega de tres mil millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, con el objetivo de obtener respaldo a las reformas políticas del Gobierno Nacional, según acusó la Fiscalía en la audiencia del pasado primero de septiembre.
La acusación formal incluye los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
En la exposición de los hechos, las autoridades indican que “el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”.
El relato fiscal sostiene que, al día siguiente, en el mismo lugar, Pinilla Álvarez “presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recabados, Ortiz Nova tenía conocimiento de que esos 3.000 millones de pesos provenían de recursos públicos de la Ungrd y serían destinados al pago de sobornos por el direccionamiento de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques de agua potable destinados a comunidades de La Guajira.
De momento, la audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 19 de noviembre, mientras la acusada deberá encontrar un nuevo defensor que estudie el caso en un plazo de dos meses antes de acudir a la justicia.
Las razones de la Fiscalía para imputar a Sandra Ortiz
La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta implicación en el traslado de 3.000 millones de pesos en efectivo vinculados a un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según informó el organismo judicial el 1 de septiembre de 2025.
El representante de la Ungrd afirmó que la entidad habría sufrido un detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos, aunque la intención final era causar un daño de 60.000 millones de pesos, cifra que no se concretó.
La investigación detalla que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero provenía de recursos de la Ungrd y que sería utilizado para el pago de coimas relacionadas con el direccionamiento de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, en un contrato de 46.800 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, Ortiz Nova habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que luego transportó en un vehículo oficial al norte de la ciudad.
Al día siguiente, en el mismo lugar, Pinilla Álvarez presuntamente le entregó otra maleta con 1.500 millones de pesos, completando así los 3.000 millones prometidos. El propósito de estos traslados, según testimonios recogidos por la Fiscalía, era entregar el dinero al expresidente del Congreso Iván Name Vásquez por orden del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González, actualmente prófugo y asilado en Nicaragua.
Además, el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, habría recibido 1.000 millones de pesos. La acusación formal incluye los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
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