El Juzgado Primero de Control de Garantías de Puerto Asís decidió otorgar la libertad por vencimiento de términos al soldado profesional Dairo José Arboleda Toro, procesado judicialmente por su presunta participación en la operación militar de la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo (Putumayo).
Según determinó el tribunal, ya habían transcurrido 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se diera inicio al juicio oral, hecho que motivó su liberación el martes 2 de septiembre.
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Pese a este beneficio, Arboleda Toro continuará vinculado al proceso por los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022, cuando una acción militar terminó con la muerte de once civiles.
En el marco de la investigación, 24 militares más -incluidos tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados— han sido imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio en persona protegida y en grado de tentativa.
Dentro de este grupo, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista podría también acceder próximamente a la libertad bajo similares argumentos, si su defensa formaliza la petición ante un juez en Medellín (Antioquia).
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el operativo ejecutado en Alto Remanso reunió a 25 uniformados de Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, distribuidos en cinco equipos.
La misión tenía como propósito ubicar y capturar a alias Bruno, integrante de los llamados Comandos de Frontera. No obstante, según la Fiscalía, las Fuerzas Militares tenían claridad de que aquel objetivo no se encontraba en el caserío al momento de la operación.
Durante el procedimiento, los uniformados abrieron fuego, acabando con la vida de civiles que participaban en un bazar comunitario, entre ellos un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal, un menor de edad y ocho personas más. Además, al menos cinco personas resultaron heridas, una de ellas una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
Mientras tanto, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo públicamente que la operación fue “exitosa”, apuntando a que el blanco era Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, señalado por las autoridades de financiar actividades ilícitas en la frontera colombo-ecuatoriana en los departamentos de Putumayo y Nariño.
Las declaraciones de la Fiscalía contrastan con esta versión oficial. De acuerdo con el ente acusador, además de actuar a sabiendas de la ausencia del líder criminal en el lugar, los uniformados habrían señalado erróneamente al presidente de la Junta de Acción Comunal como líder disidente, circunstancia que contribuyó a que las acciones desembocaran en la muerte de ciudadanos en estado de indefensión.
Los militares implicados en la masacre de Alto Remanso, Putumayo
En su momento, la Fiscalía General de la Nación imputó a 24 militares del Ejército Nacional por su presunta participación en el asesinato de los civiles en marzo de 2022.
De acuerdo con el ente acusador, la intervención militar fue calificada como desproporcionada ya que las víctimas, en su mayoría campesinos e integrantes de comunidades indígenas, fueron atacadas mientras se encontraban en sus viviendas y en un evento comunitario.
El análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) determinó que los uniformados efectuaron unos 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunal, el polideportivo y el embarcadero, además de lanzar granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
La Fiscalía sostiene que el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, comandante del Batallón contra el Narcotráfico No. 3, habría ordenado el despliegue de la unidad táctica con el objetivo de localizar a alias Bruno, presunto jefe de una estructura disidente de las Farc.
Según la investigación, los militares actuaron con conocimiento de que el objetivo no se encontraba en la zona y utilizaron vestimenta distinta a la habitual del Ejército Nacional.
Durante la audiencia ante un juez de control de garantías en Puerto Leguízamo, los 24 militares, entre ellos el teniente coronel Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, así como 17 soldados identificados, fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa.
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