Las declaraciones de Sneyder Pinilla sobre el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) salpicaron a cinco congresistas miembros de las comisiones de Crédito Público, entre los que se destaca el representante liberal Julián Peinado.
Pinilla declaró que el congresista habría avalado las operaciones de crédito cambio de dádivas provenientes de proyectos financiados con recursos de la entidad en localidades como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
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No obstante, la defensa del político ha negado todos los señalamientos argumentando que no existe ninguna prueba que pueda involucrar a Peinado en el entramado de corrupción que salpicó a altos exfuncionarios de la Ungrd y del Gobierno nacional.
En declaraciones para La FM, la apoderada del representante, Hilda Carvajal, desmintió las acusaciones y aseguró que no existen parámetros descritos en la ley que cobijen la presunta conducta que tuvo Peinado, por lo que no existe ninguna evidencia que relacione al congresista con el escándalo.
“No existe ni un solo correo electrónico, ni una reunión, ni una llamada, absolutamente nada que pueda comprometer o vincular al representante Julián Peinado, eh, con alguno de los altos funcionarios de la Ungrd”, aseguró la abogada al medio de comunicación citado.
En paralelo, la apoderada del congresista aclaró que las diligencias en la Corte Suprema han estado cobijadas por el derecho de contradicción y defensa del congresista, sobre el que han insistido que en los testimonios de Pinilla existen irregularidades e inconsistencias que podrían llegar a involucrar a Peinado en conductas que no corresponden.
A su vez, destacó que los hechos por los que se señala al representante son considerados “atipicos”, por lo que esperan que la decisión de la corte sea favorable para el político liberal.
“Estamos asistiendo a las diligencias para ejercer el derecho de contradicción, y aunque no es exactamente igual como se ejerce en el marco de la ley 906, pues la idea es constatar que efectivamente hay unas situaciones en las que puede existir eventualmente algunas irregularidades, algunas inconsistencias y prender el reflector para que efectivamente la Corte lo advierta“, aseguró la apoderada.
Peinado y los otros congresistas salpicados en las declaraciones de Sneyder Pinilla, a diferencia del senador Iván Name y el representante Andrés Calle, ejercen su defensa en libertad, dado que la Corte Suprema no acogió el documento de más de 500 páginas en las que el magistrado Misael Rodríguez expuso la evidencia de que los legisladores habrían participado en el saqueo y direccionamiento de contratos de la Ungrd.
Cronología del proceso
El proceso judicial contra los congresistas comenzó luego de que la Corte Suprema expidiera una resolución para investigar posibles acciones ilícitas relacionadas con la Ungrd en contra de los congresistas liberales Julián Peinado y karen Manrique, de los conservadores Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, y el miembro de la Alianza Verde Juan Diego Muñoz.
La orden de apertura de investigación se emitió el 24 de mayo de 2024, con notificaciones formales comunicadas el 27 de julio y el 12 de noviembre del mismo año. En este contexto, los parlamentarios fueron llamados a interrogatorio en noviembre de 2024, por lo que los congresistas se encuentran defendiéndose de los señalamientos de Pinilla.
No obstante, la colaboración del exfuncionario de la Ungrd con la justicia como parte de un principio de oportunidad que empleó aún no termina, dado que, según el medio radial mencionado, planea seguir declarando ante el magistrado Rodríguez y, asimismo, entregar nuevos elementos probatorios que den nuevos giros a la investigación.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación se nutre de los testimonios entregados por el exfuncionario para contrastar documentos y demás pruebas para determinar si los congresistas usaron sus cargos para obtener beneficios indebidos dentro de este caso de corrupción.
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