Cambio Radical advirtió al Congreso que dos de sus senadores no pueden votar en elección de magistrado de la Corte, pero ellos dicen que sí: “El voto es secreto”

El partido Cambio Radical impuso una sanción disciplinaria a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, a quienes les retiró el derecho a voz y voto durante un año por desobedecer las directrices de bancada en una votación clave sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Esta medida, que excluye a ambos legisladores de la última legislatura del cuatrienio y de la elección de la presidencia del Senado, ha desencadenado una controversia institucional sobre su aplicación y las consecuencias legales de la participación de los sancionados en recientes debates y votaciones parlamentarias, según documentos oficiales del Partido Cambio Radical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del Consejo de Control Ético de Cambio Radical se fundamentó en la ausencia de Ortega y Castañeda durante las sesiones en las que se votaron las consultas populares promovidas por el Ejecutivo.

El partido consideró que ambos incurrieron en deslealtad partidista y violaron el régimen de bancadas, que obliga a los congresistas a acatar las posturas definidas colectivamente.

Tras analizar pruebas y testimonios de miembros de la bancada, el órgano disciplinario determinó que la conducta de los senadores contravenía la unidad interna y la defensa de los ideales partidistas.

“La actuación de un congresista debe ser ejemplar y, por lo tanto, debe reflejar a los demás miembros del partido en una corporación que Cambio Radical mantiene una bancada unida en la defensa de sus ideales, puesto que ese es el sentido de la existencia de organizaciones políticas”, señaló el partido en un comunicado recogido por La Fm.

La sanción, que comenzó a regir con el inicio de la última legislatura del mandato de Petro, implica que Ortega y Castañeda no pueden intervenir ni votar en las sesiones del Congreso de Colombia, incluida la elección del nuevo presidente del Senado prevista para el 20 de julio del 2026.

El partido enfatizó que la decisión se adoptó tras un proceso exhaustivo de investigación interna y que los sancionados disponen de cinco días hábiles para apelar ante el comité central, con la posibilidad de recuperar sus derechos parlamentarios si la medida es revocada.

Frente a la sanción, los senadores Ortega y Castañeda han defendido su actuación.

Ortega, en particular, ha rechazado haber incumplido el régimen de bancadas y ha argumentado que su presencia en el recinto y el diálogo con colegas de otras bancadas forman parte del ejercicio democrático.

Según explicó a Semana, considera que la sanción no está en firme, ya que la ha impugnado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, bajo su interpretación, la apelación tiene efecto suspensivo.

“La sanción está impugnada ante el Consejo Nacional Electoral y se surte en el efecto suspensivo. Es decir que, mientras el CNE decide, la sanción se encuentra suspendida”.

La controversia jurídica sobre la vigencia de la sanción se ha intensificado.

El Partido Cambio Radical, en documentos oficiales, ha precisado que la normativa distingue entre sanciones a directivos y a miembros no directivos: solo en el caso de los primeros, la apelación ante el CNE suspende automáticamente los efectos de la sanción.

Para los corporados como Ortega y Castañeda, la sanción se mantiene vigente mientras se resuelve la impugnación. El partido ha advertido que la Mesa Directiva del Senado no debe contradecir esta doctrina, pues hacerlo deslegitimaría las competencias de los órganos internos partidistas.

A pesar de la sanción, los registros públicos muestran que ambos senadores han continuado participando en votaciones y debates parlamentarios.

Semana documentó que Ortega votó en proyectos como el fondo de estabilización para el sector arrocero y la amnistía para deudores del Icetex en la plenaria del 26 de agosto, y participó en la Comisión Primera del Senado el 27 de agosto durante la discusión de un referendo constitucional.

Por su parte, Castañeda figura en los registros de votación de la plenaria del 19 de agosto en proyectos de homenaje y fomento industrial.

Estas participaciones han quedado constatadas en las transmisiones oficiales y han sido objeto de seguimiento por parte del partido, que ha solicitado certificaciones a la Mesa Directiva del Senado.

El Partido Cambio Radical ha advertido sobre las graves consecuencias legales e institucionales que podría acarrear la participación de los senadores sancionados en las actividades legislativas.

Según documentos oficiales del partido, la intervención de Ortega y Castañeda en votaciones podría viciar los proyectos de ley aprobados y las elecciones de cargos, haciéndolos susceptibles de nulidad ante el Consejo de Estado.

Además, la Comisión de Ética del Senado y la Procuraduría General de la Nación tendrían competencia para investigar tanto a los senadores como a la Mesa Directiva, y podrían presentarse denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por delitos como prevaricato por omisión y fraude procesal.

“Advertimos, además, sobre las posibles consecuencias que esta omisión puede generar, tales como el vicio en el trámite de los proyectos aprobados, irregularidades en la elección de cargos y eventuales denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato por omisión y fraude procesal”, sostuvo el partido en declaraciones recogidas por Semana.

El trasfondo político de la sanción revela tensiones internas en Cambio Radical y su relación con el Gobierno. Ortega, cercano al presidente Petro y exembajador de su administración, ha sido identificado como un aliado del Ejecutivo, mientras que Castañeda, segunda vicepresidenta del Senado y esposa de Mario Alcocer, primo de la primera dama, también mantiene vínculos con el oficialismo.

Sus votos resultan determinantes en la elección de cargos clave, como la reciente designación de magistrados de la Corte Constitucional, y han generado inquietud sobre la cohesión de la bancada opositora.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, solo suspende los efectos de la sanción en caso de directivos, por lo que la situación de Ortega y Castañeda dependerá de la interpretación y aplicación de la normativa interna y de las decisiones de los órganos de control.