
En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente de las acusaciones que dirigió contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras determinar que vulneró los derechos fundamentales del demandante.
Según el fallo emitido por el alto tribunal, las afirmaciones del mandatario, difundidas en la red social X el 2 de enero de 2025, carecían de sustento judicial o administrativo y fueron presentadas como hechos ciertos, lo que desconoció tanto el principio de veracidad como la presunción de inocencia.
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Ante ello, el Consejo de Estado estableció que el mandatario debe aclarar en sus redes sociales y en las cuentas oficiales de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que las afirmaciones difundidas no corresponden a hechos ciertos, y mantener ese mensaje visible durante dos meses.
“Ordenar al presidente de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la publicación que aquí se reprocha, para lo cual en su cuenta de la red social X debe advertir que las afirmaciones consignadas en ese mensaje no comportan hechos ciertos, por cuanto su ocurrencia debe dilucidarse en las respectivas diligencias penales, conforme a la motivación”, se lee en el documento.
Con esta decisión, el Consejo de Estado sienta un precedente sobre los límites de las declaraciones públicas de los funcionarios y la protección de los derechos fundamentales, en medio de la prolongada disputa entre el presidente y la familia Vargas Lleras.

Cronología del caso
El origen de este conflicto se remonta al 2 de enero de 2025, cuando Gustavo Petro respondió en la red social X a un comentario del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.
En esa publicación, el presidente vinculó a la Nueva EPS con la familia Vargas Lleras y los acusó de ocultar deudas por $5 billones para simular una situación financiera favorable.
El mensaje del jefe de Estado al que hace referencia la tutela de Enrique Vargas Lleras y el fallo del Consejo de Estado es el siguiente: “¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4% este año, si la inflación para este año será del 3%?¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio? ¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del Covid?“.

En otro fragmento de su extenso mensaje menciona de forma directa a la familia Vargas Lleras: “¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos?¿Le pareció poquito a Peñalosa esto, y ahora quieren que el gobierno del cambio les de más?“.
Ante la negativa del Gobierno a rectificar, Vargas Lleras interpuso una acción de tutela en defensa de su honra y buen nombre.
El proceso judicial avanzó rápidamente, tanto que el 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a favor de Vargas Lleras, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales.

La Presidencia apeló la decisión, sosteniendo que las declaraciones de Petro formaban parte del debate político y no constituían una imputación penal.
La controversia llegó a su punto culminante el 21 de agosto de 2025, cuando la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió la impugnación en segunda instancia.

En su cuenta de X, Enrique Vargas Lleras celebró la decisión y confía en que esta nueva orden sea acatada por el mandatario colombiano.
“Consejo de Estado, en segunda instancia, ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos que hizo en mi contra, en los que vulneró mi honra y mi buen nombre. Gustavo Petro ya es hora que deje de mentir y de dormir”, escribió en la red social conocida anteriormente como Twitter.
Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Estado.

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