La Fiscalía General de la Nación confirmó el lunes 1 de septiembre de 2025 que presentó acusación formal contra la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el traslado de 3.000 millones de pesos en efectivo vinculados a un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad.
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El propósito: entregársela al expresidente del Congreso de la República Iván Name Vásquez -según el testimonio de los involucrados en este entramado corrupto; al parecer, ordenado por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González: hoy prófugo de la justicia, cobijado con un asilo político entregado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La investigación del ente acusado detalla que este primer traslado de fondos no fue un hecho aislado. De acuerdo con la Fiscalía, “al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Así se completaron los $3.000 millones prometidos.
Los argumentos de la Fiscalía para ir a juicio por el escándalo de la Ungrd
Estas operaciones se efectuaron utilizando vehículos oficiales y bajo la coordinación directa de Ortiz Nova. Con lo que se recordaría el episodio en el que la exalta funcionaria ingresó a las instalaciones del Hotel Tequendama Suites: desde donde se habría coordinado la entrega de esta cifra al extitular del órgano legislativo. Cabe destacar que Andrés Calle, el expresidente de la Cámara, habría recibido $1.000 millones.
El equipo investigador de este caso precisó que las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd: Y que iba a ser destinados para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. Contrato de $46.800 millones.
En consecuencia, la acusación formal incluye los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La audiencia preparatoria de juicio en contra de la exfuncionaria ha sido programada para el 19 de noviembre, cuando se darán a conocer a la acusada los motivos por los cuales se adelantará el juicio en su contra, mientras sigue recluida en la estación de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá.
Cabe destacar que desde el jueves 12 de junio de 2025 estaba definida la acusación de Ortiz Nova, luego de efectuarse audiencia de imputación de cargos contra la ex consejera presidencial para las Regiones. Con ello, ante el juzgado octavo especializado de Bogotá, el organismo judicial cerró de manera definitiva cualquier posibilidad de negociación con la mujer, considerada una pieza clave en el organigrama delictivo.
“Se entiende que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo habría sufrido, por cuanto la actitud de la señora Sandra Liliana Ortiz, un detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos, pero que su intención final era causar un detrimento patrimonial en contra de la entidad representada por un total de 60.000 millones de pesos que por factores externos este no logró concretarse”, dijo el representante de la Ungrd.
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