Colombia, como país receptor de población venezolana en contexto de crisis humanitaria, enfrenta el reto de garantizar mecanismos de protección internacional que eviten detenciones arbitrarias, deportaciones y riesgos de tortura, al tiempo que se analiza el papel del país frente a las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La organización Amnistía Internacional presentó un nuevo informe sobre desapariciones forzadas en Venezuela y, en entrevista con Infobae Colombia, Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas, expuso los principales desafíos para la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, así como el rol de este país en los procesos judiciales internacionales.
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Protección a migrantes venezolanos en Colombia
En diálogo con Infobae Colombia, Ballesta señaló que las personas venezolanas que huyen de la crisis masiva de derechos humanos hacia cualquier país de la región requieren de protección internacional, "por lo que el Estado colombiano no solo debe garantizar su vida, su integridad personal y las garantías al debido proceso, también deben garantizar que no sean devueltas a Venezuela de manera arbitraria en vista del grave riesgo de ser sometidas a tortura u otras violaciones de derechos humanos en este país”.
La vocera de Amnistía Internacional insistió en que las autoridades colombianas deben poner en marcha esfuerzos efectivos para asegurar que los migrantes y refugiados venezolanos accedan tanto a mecanismos de protección como a procesos de regulación migratoria.
En cuanto a la problemática de desapariciones forzadas, recordó que Colombia tiene uno de los registros más altos del continente y, aunque las dinámicas entre ambos países son distintas, “la lucha de las mujeres buscadoras en Colombia es un gran ejemplo para el resto de la región, con una ley sin precedentes para su protección y con un trabajo desde hace décadas por evitar la impunidad de las desapariciones forzadas”.
Papel de Colombia en la justicia internacional
Respecto al rol que debe asumir Colombia frente a los crímenes cometidos en Venezuela, Ballesta afirmó que, “Colombia y todos los países de la región deberían emplear todos los mecanismos disponibles en el marco del derecho internacional para procurar justicia para las víctimas de crímenes internacionales en Venezuela”.
Agregó que la Corte Penal Internacional (CPI) ya adelanta una investigación y que los Estados parte del Estatuto de Roma, entre ellos Colombia, tienen la obligación de cooperar plenamente con este proceso.
Este pronunciamiento se produjo a propósito de la publicación del documento de Amnistía Internacional titulado “La oscura sombra de las desapariciones forzadas en Venezuela: Ataque sistemático a la disidencia”, donde se advierte sobre un repunte de este tipo de delitos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Informe sobre desapariciones en Venezuela
Por otra parte, el informe denominado “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, recoge 15 casos recientes que muestran un patrón de persecución contra la disidencia.
Según Pilar Sanmartín, Coordinadora de Crisis de Amnistía Internacional para las Américas, de esas 15 personas documentadas, 11 continúan desaparecidas, por lo que subrayó que la responsabilidad estatal es directa, pues “no solo debe abstenerse de cometer este crimen, sino que tiene la obligación activa de dar a conocer la ubicación, situación jurídica y suerte de las personas desaparecidas, además de por supuesto tener que investigar y sancionar a quienes hubiesen incurrido en esta práctica sin importar su rango”.
El informe también destaca que las desapariciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo que configura crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. La organización asegura que estos hechos deben ser considerados en la investigación Venezuela I, actualmente en curso en la Fiscalía de la CPI.
Además, se identificó un patrón de desapariciones de ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con Amnistía Internacional, se utilizan como “moneda de cambio” para presionar a otros Estados o reforzar narrativas de conspiraciones internacionales. Entre los casos citados se encuentran los de los turistas españoles Andrés Martínez y José María Basoa.
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